Emilia de la Cruz Guerrero

   Emilia de la Cruz Guerrero

  Fundación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando

 

  INTRODUCCION

  Aparentemente, la Isla de León no pasaba de ser un villorrio cuando el XVII se aproximaba a su fin. Durante siglos, su pertenencia al régimen señorial no le había aportado avances sustanciales de ningún orden, ya fueran económicos o, simplemente, poblacionales. La cercanía de Cádiz, la gran urbe, también condicionó en gran manera el hipotético desarrollo que la Isla debiera haber experimentado en equiparación con otros pueblos de los alrededores. Pero ese estancamiento secular quedaría roto con la llegada del XVIII, los Borbones y el cambio de la mentalidad traído por el Setecientos.

En efecto, la decisión de transformar ese villorrio en un lugar de exclusiva función militar fue importantísima para el devenir de la. que sería, a partir de 1729, Real Villa. Las instalaciones navales primitivas, dieron pronto paso al gran proyecto del Arsenal de la Carraca al que seguiría, en la segunda mitad de la centuria, el traslado del Real Cuerpo de Marina, la construcción de la Nueva Ciudad de San Carlos, el Observatorio Astronómico y otras dependencias, en un afán por concentrar en un sólo punto geográfico todas las actividades castrenses relacionadas con el mar. Los resultados fueron espectaculares y la Villa se transformó con celeridad en un pueblo lleno de vida, obedeciendo a un fenómeno poblacional quizá único en la España de esa época.

Pero la Isla, como lugar de paso, también acogería frecuentemente a las tropas del Ejército -bien en tránsito o bien acantonadas- especialmente en aquellas ocasiones en las que nuestro país entraba en conflicto con el tradicional enemigo inglés, pues las invasiones británicas de épocas pasadas habían demostrado fehacientemente la vulnerabilidad de la Ínsula Gaditana y la importancia de la Isla en la estrategia defensiva de la misma. La presencia del estamento militar naval y, circunstancialmente, el terrestre, originaron no pocos conflictos a la Isla de León, como bien se podría suponer. El ayuntamiento isleño, instaurado en 1766 por Real Orden, fue el encargado de afrontar y resolver todos los inconvenientes surgidos a lo largo del tiempo, en justa correspondencia a la propia razón de existir de la Villa, esto es, el Real Servicio. Sin embargo, la carencia de infraestructuras apropiadas con motivo del rápido y desordenado crecimiento urbano y poblacional, dificultaron en demasía las acciones municipales en pos de la resolución de los problemas.

El libro que tiene en sus manos estudia fundamentalmente las dificultades planteadas a la Villa por el Real Servicio, haciendo hincapié en las consecuencias de la presencia ocasional del Ejército en el término isleño. Así, las soluciones tomadas para el acantonamiento de. las tropas, la irregular actuación municipal respecto a sus obligaciones en el alojo de las mismas \j la pobre infraestructura alimentaria -extremadamente débil en tiempo de crisis por las necesidades militares- son los ejes principales de esta obra.

La obra aporta un nuevo e inédito aspecto sobre la historia de la Isla de León en el siglo XVIII; el de mayor esplendor de toda su existencia, abarcando un período que se extiende desde, la formación del primer ayuntamiento en 2766 hasta las proximidades del 1800.

La primera de las cuatro partes o capítulos en que se divide esta obra tiene como propósito hacer un rápido recorrido de la historia de la Isla de León, con el objeto de hacer ver la importancia tomada paulatinamente a través de los tiempos por la zona de la Ínsula Gaditana más próxima a la que podríamos llamar «tierra firme», esto es, la propia Isla de León en la defensa del otro extremo de la Ínsula, o sea, Cádiz. Pero la importancia estratégica de la Isla en la protección de esta importante urbe, aunque reconocida, no fue ponderada lo suficiente por los Austrias como para hacer de ella. un núcleo de población siquiera medianamente importante. Sin embargo, la llegada de la nueva dinastía de los Borbones sí lo hizo \j la Isla llegaría pronto a poseer una entidad propia y diferenciada del resto de su entorno, pasando de ser un misérrimo ejemplo del sector primario a otro en donde predominaban con fuerza el secundario y el de los servicios. De esta forma tal Ínsula poseería desde e! XVIII una doble polaridad, por un lado Cádiz, la ciudad mercantil, y en e! otro la Isla, la villa militar.

Cuando se supera la mitad de ese siglo, en coincidencia con el reinado de Carlos III, nuestra política exterior y sus posibles consecuencias harían concentrar en la Isla a cantidades variables, a veces importantes, de tropas de caballería e infantería con el objetivo de repeler una posible invasión enemiga. El ayuntamiento isleño encontraría numerosas dificultades en la resolución del problema del alojamiento de los soldados del Ejército. Ente problema, junto con el de las decisiones municipales tomadas al efecto y la oscura maraña creada a su alrededor, ocupan el segundo y tercer capítulo. El cuarto, en cambio, expone una de las importantes consecuencias sufridas por la Isla a cuenta de su exclusiva función militar, pues cuando coincidieron las necesidades de la Marina con las del Ejército como ocurrió con la pretendida recuperación de Gibraltar, quedaron al descubierto las numerosas carencias estructurales de la Villa, resultado de la vertiginosa transformación del lugar. La falta de previsión, la especulación, la ausencia de una decidida voluntad municipal en resolver eficazmente el almacenamiento de grano y otros factores coyunturales, provocaron en los isleños una situación cercana al hambre cuando el trigo escaseó en los mercados. La Isla, atada a su cortísima geografía, habría de depender de la provisión externa de alimentos.

La historia de la Isla de León ha estado siempre ligada a su ubicación geográfica y a las consecuencias derivadas de la misma. El ser un lugar de obligado paso en el tránsito Penísula-Isla Gaditana y viceversa, condicionó hasta su propio nacimiento. Así, la primera medida formal sobre la creación de un núcleo de población en lo que mucho más tarde sería la Isla de León, se dio en cuanto los cristianos reconquistaron la zona en el siglo XIII, pues el paso entre las dos orillas del caño de Sancti Petri, separador natural de la Ínsula Gaditana y el resto de España, había de quedar expedito a toda costa. Para ello se creó el Concejo de la Puente con la intención de contener al enemigo musulmán en caso de aparecer en las cercanías del caño con ánimo de cruzarlo, bien usando el extraño puente que enlazaba ambos lados o algún tipo de transporte marítimo. En realidad los cristianos no habían descubierto nada nuevo, pues los mismos musulmanes pensaron en algo parecido cuando construyeron un ríbat en las cercanías de dicho caño, allá por el siglo noveno, con una intención similar: proteger y garantizar el acceso a la Ínsula, aunque en este caso, debido a las razzias normandas de la época.

Los siglos XV y XVI resultaron ser especialmente importantes en el devenir de la Isla. El primero, por la consolidación del lugar en manos señoriales. El segundo, por la construcción de un puente propiamente dicho entre las orillas del caño de Sancti Petri, y por las visitas inglesas de 1587 y 1596, de las que fue especialmente devastadora la última de ellas. A principios del Cuatrocientos, el ríbat islámico y el Concejo de la Puente por entero, habian sido cedidos por Juan II a  D. Juan Sánchez de Zuazo, aunque, la familia no disfrutaría demasiado de la parca propiedad. El señor de Cádiz, Ponce de. León, consiguió hacerse con la totalidad de la Ínsula Gaditana tras un trueque comercial con los Zuazo a principio de los años noventa, pero la pretensión de total dominio de los Ponce sobre ¡a Ínsula sería efímera. El Descubrimiento del Nuevo Mundo hizo poner a la Corona sus ojos en Cádiz, con lo cual los Ponce, al perderla, quedaron tan sólo como dueños de la que sería a partir de entonces Isla de León.

Mediados el. dieciséis se iniciaron las obras del. puente que sustituiría a los restos del acueducto romano utilizado hasta entonces para cruzar a ambos lados del caño de Sancti Petri. El puente, inacabado en su parte central, sería testigo mudo de los ataques ingleses de este siglo. Drake intentó desembarcar en sus cercanías con propósito de avanzar hacia Cádiz, pero fracasó. En cambio, no ocurrió lo mismo en 1596. Los aliados anglo-holandeses pusieron pie en tierras insulares en las cercanías de Cádiz i/ tomaron la Isla. La inconclusión del puente fue determinante, pues las ayudas de otros pueblos quedaron paralizadas en la orilla opuesta del Caño. A raíz de estos acontecimientos, la Ínsula Gaditana fur fortificada lo suficiente como para que otro ataque, aliado, ya en el siglo XVII, no tuviera el éxito perseguido. Tampoco lo tuvo el de 1702, cuando la Guerra de Sucesión, pues la Isla no pudo ser lomada y, por tanto, Cádiz no sufrió daño alguno.

La importancia estratégica de la Isla de León en la defensa de Cádiz fue tomada en consideración por los Borbones y pronto, aprovechando la peculiar configuración del territorio, se decidió iniciar la construcción del Arsenal de la Carraca en un islote próximo, aunque separado, de la Isla de León según el proyecto de Patino. De esta manera comienza el imparable crecimiento urbano y poblacional de la 'Villa en el siglo XVIII. El traslado del Cuerpo de Marina y la ubicación en el término municipal de las actividades navales citadas al principio hizo que tal crecimiento asombrara al mismo Ponz en su segunda visita a estas tierras. A mitad de la centuria ya se había duplicado el numero de vecinos de finales del diecisiete, pasando de trescientos a seiscientos cincuenta según registraba el Catastro de Ensenada. Aunque esto sólo sería el principio. Cuando se revisa dicho Catastro en 1762, los vecinos eran ya mil doscientos y serían cuatrocientos más dos años después. Estos eran los notables resultados de los Planes de Ensenada sobre los arsenales militares puesto en práctica en 1752. Al poco tiempo del traslado de la Marina, en 1775, ya eran tres mil los vecinos como estimaba el síndico personero de la Villa. Las cifras del Censo de Floridablanca, expuestas en cabildo por el alcalde mayor, revelaron el sustancial aumento experimentado por la población al alcanzarse los treinta y dos mil doscientos treinta y dos habitantes en 1787. Entrada la década de los noventa, Antonio Ponz calculaba en más de cuarenta mil las almas de comunión, sin contar, por tanto, a los niños, ni tampoco a los transeúntes.

El acomodo de las fuerzas de Marina en 1769 se hizo sin demasiadas dificultades, colocando a los hombres en distintos y dispares lugares de la Isla, en donde el principal problema era encontrar un lugar donde habitar. Por eso, cuando un año después, en 1770, se anunció el acantonamiento en la Villa de más de mil hombres del Ejército y los correspondientes animales con motivo de la que se temía inminente guerra con Inglaterra a cuenta de las Malvinas, la Villa no disponía de sitio alguno para alojar a las tropas. La cuestión se resolvió favorablemente por la excepcional colaboración de los ricos hacendados gaditanos, quienes no tuvieron inconveniente en ceder sus casas de recreo isleñas, las «caserías», para ubicar a hombres, animales y pertrechos. Los pecheros, por supuesto, también participaron.

Las razones para ubicar al Ejército en la Isla respondían a la sensibilidad de la Corona respecto a la importancia de la Bahía de Cádiz en el contexto nacional. Cádiz como centro del comercio americano, también El Puerto, y la Isla de León como centro naval de primera categoría, merecían una especial atención por parte del gobierno. Máxime sabiendo de la afición inglesa por el área, la fragilidad defensiva de la misma y las connotaciones de nuestra política exterior siempre enturbiada por las apetencias británicas. Por ello, en 1766 se trasladó a El Puerto de Santa María la capitanía general del Ejército con la intención de coordinar de cerca cualquier movimiento de tropas destinado a la protección de la zona. Cuando se produjeron situaciones de alarma, los soldados no sólo reforzaron la Isla, sino también otros lugares costeros como Cádiz, Puerto Real o El Puerto. La operatividad y la asignación de responsabilidades concretas de las tropas quedaban fijadas por las previsiones de las efectivas Juntas de Defensa.

El éxito del municipio isleño en el acantonamiento de 1770 mereció las felicitaciones hasta del mismo rey, pero a partir de esa fecha otras apariciones del Ejercito en la Isla por motivos análogos, no tuvieron la misma repuesta ni 'por parte de los privilegiados, ni tampoco por el de los menestrales. La experiencia vivida con ese acantonamiento, los destrozos realizados por los militares en las caserías y los abusos sufridos por los pecheros, hicieron que todos se retrajeran en la colaboración prestada al Real Servicio. Unos, los poderosos, negando la cesión de sus propiedades, otros, los no privilegiados, reduciendo al mínimo el habitat de sus viviendas y así no disponer de sitio para los uniformados huéspedes.

Los militares del Ejército volvieron en otras ocasiones respondiendo a las previsiones sobre un peligro de invasión de la Ínsula Gaditana o simplemente por circunstancias de guerra. Así, lo hicieron en 1770, 1775,1779 y 1797 por esos motivos, pero también en 7776 y 1778 al ser transferidas tropas del Ejército a los batallones de Marina. El municipio no tuvo más remedio que buscar soluciones alternativas para el engorroso problema del alojamiento, en el que no deseaba verse envuelto. Entonces arbitró un sistema en donde se implicaban a terceros quienes quedaban convertidos en responsables últimos de los alojamientos a cambio de unos supuestos beneficios económicos. De esta forma, el único mesón de la Villa, monopolio del duque de Arcos quien no permitía la existencia de otros, quedó comprometido en el asunto de los hospedajes militares. También algunos particulares alquilaron almacenes para colocar a los soldados. El problema parecía quedar resuelto, pero sólo lo sería para el ayuntamiento. Mesoneros y particulares se vieron afectados por la inhibición municipal en el pago de los gastos producidos, sucediéndose las reclamaciones a diversas instancias, tanto locales, provinciales como nacionales, con desigual resultado para los afectados.

La Villa tuvo la oportunidad de construir unos cuarteles para estos eventos e incluso se inició el proceso burocrático para ello bajo los auspicios de Olavide, pero la decisión del Consejo de Castilla de dar prioridad a otras obras consideradas más importantes para esa Villa sin infraestructuras, abortó el proyecto. Los regidores, en su afán por tener prevista la contingencia de las posibles llegadas de tropas, involucraron en el tema ¡u representante local del obligado provincial, pagando una cantidad mensual de sus propios bolsillos con tal de disponer permanentemente de unas propiedades que dicho representante poseía en la Isla. El sistema no daría resultado, pues el representante, es decir, el factor local de utensilios, ni cumplía con sus obligaciones con los mesoneros y con los proveedores, ni tampoco con el ayuntamiento. Como consecuencia las protestas llovieron sobre un municipio que Justificaba la falta de pago a ¡os mesoneros y protegía a su aliado el factor local.

Si extraño podría parecer e! comportamiento del cabildo isleño en el asunto de los alojamientos, no lo podía parecer menos en el de la provisión de grano para la Villa. En torno al abastecimiento de trigo a la isla se organizó un sistema especulativo de tal índole que cuando llegaron los tiempos de escasez verdadera, el pueblo pasó grandes apuros para conseguir el básico alimento de la época. En la cuestión estaban implicados los intermediarios vendedores de trigo, los panaderos, particulares buscando un inmoral lucro y, por supuesto, el propio concejo isleño. Una de las principales prioridades de los sucesivos ayuntamientos debería haber sido la construcción de almacenes adecuados y suficientes para el grano, al no existir depósito en el lugar, pero nadie tuvo interés en ello. La cortedad del término municipal de la Villa la hacían depender por completo del exterior en cuanto a los suministros se refería, con lo cual las acciones agiotistas se repetían diariamente a todos los niveles, alcanzándose unos precios del pan demasiado elevados debido a las falsas insuficiencias de grano.

El juego especulador tendría nefastas consecuencias para la Isla en cuanto las cosechas fueron malas, o cuando las circunstancias de guerra afectaron a la Villa. La falta de trigo se justificaba en 1773 por la baja producción de- trigo, pero no tenía razón de ser cuando el grano abundaba en el mercado. En el abastecimiento de la Villa ya parecía normal el que hubiera trigo en reserva para sólo unos cuantos días. Por eso, cuando la Marina quiso abandonar Puerto Real como pueblo suministrador de las mil hogazas de pan diarias que necesitaba, la Isla se opuso en principio, aunque, después hubo de aceptar las pretensiones del Real Cuerpo. El hecho trajo como consecuencia un incremento de la. especulación y de. los precios, todo ello a las puertas de un conflicto bélico de la envergadura de la Guerra de Gibraltar.

Las acciones militares en pos de la reconquista de la Roca produjo tal espanto en los pueblos productores de. trigo, que llegaron a prohibir la extracción de grano de sus términos municipales en espera de una violenta venganza británica por la osadía española. Algo parecido ocurrió con las naves extranjeras que transportaban cereal desde sus países de origen. Los trajinantes de grano se abstuvieron de circular por los caminos durante las primeras semanas para evitar el embargo de sus mercancías por los soldados del Ejército en tránsito hacia al campo de batalla. La Isla se encontró en una dificilísima situación, especialmente en los primeros meses de la contienda. La fanega de trigo superó con facilidad la barrera de los setenta y tres reales, cifra fatídica a partir de la cual el pueblo era incapaz de poder comprar el pan producido y, consecuentemente, se dieron casos de verdadera necesidad. El ayuntamiento tardó en reaccionar algunos meses hasta aprobar la salida al mercado de una clase, de pan fabricado exclusivamente con trigo de clase piche, designado a las clases inferiores.

En 1781 se alcanzaron de nuevo los precios anteriores a la guerra. Durante los veinte meses que duró la escasez de trigo, los isleños o pasaron hambre o estuvieron deficientemente alimentados. Sin embargo nada cambiaría tras la experiencia vivida y los regidores locales nada harían por mejorar la infraestructura alimentaria de la Isla.

Emilia de la Cruz

CAPITULO I

LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA ISLA DE LEÓN

1.1.- DEL «LOGAR DE LA PUENTE» A LA ISLA DE LEÓN

La llamada Ínsula Gaditana por Fray Gerónimo de la Concepción, se encuentra situada al oeste de Cádiz/ la provincia más meridional de la España peninsular. De escasa longitud, cuando se adentra en el mar toma la forma de una estilizada lengua de tierra que contornea parcialmente a la masa de agua formada por la Bahía de Cádiz. La zona más ancha de dicha Ínsula y también la más cercana a la considerada «tierra firme», corresponde al término municipal de San Fernando. El extremo opuesto, el más adentrado en el Océano, contiene en su suelo a Cádiz, la capital de la provincia. El conjunto es, verdaderamente una isla si nos atenemos a la estricta definición del vocablo, aunque el concepto de insularidad queda considerablemente disminuido por la proximidad inmediata de las demás tierras andaluzas. De hecho, aún estando tal Ínsula rodeada de agua por completo, las dimensiones del brazo de mar que la separa del resto de España son de escasa magnitud, diluyéndose el sentido de aislamiento aparejado normalmente con la palabra isla. Tal sentimiento de incomunicación no existe en la actualidad, a pesar de que las únicas vías de acceso a la Península hayan de ser puentes, bien el antiguo de Zuazo en la parte de San Femando o el que cruza la Bahía desde Cádiz, obra de la ingeniería de los años sesenta del actual siglo. Por tanto, la idea de insularidad aparece hoy, no ya fuera de lugar/ sino incluso, sin sentido alguno.

Sin embargo, siglos atrás ocurría precisamente lo contrario, ya que, hasta cierto punto, resultaba complicado el paso a esa «tierra firme». En otras palabras, la Ínsula Gaditana era más «isla» debido precisamente a la ausencia de un paso permanente y seguro como el de un genuino puente, pues el de Zuazo, el existente hoy, no comenzó a construirse hasta el siglo XVI. A las dificultades para el tránsito, se unía la inexistencia de calzadas apropiadas en el área, pues al fin y al cabo fue un mal endémico del país hasta hace bien poco. Lógicamente, las consecuencias de unas comunicaciones tan precarias afectaron a muchos aspectos fundamentales de la Ínsula, destacando entre ellos el defensivo por su relevancia para la zona. El problema fue de difícil solución para nuestros antepasados debido a la peculiar geografía del lugar, aunque fue precisamente ésta la que incrementó poco a poco la importancia estratégica de la Isla de León al ser la salvaguarda de Cádiz, ciudad marítima de primer orden para España.

No pretendemos entrar en asuntos castrenses por ser tema ajeno por completo a nuestros conocimientos, pero parece obvio que las características físicas de un territorio presentará, en la mayor parte de los casos, aspectos positivos o negativos, es decir, favorables o no, a la hora de establecer su defensa ante una situación de acoso por parte de un ejército enemigo. A primera vista, la Ínsula Gaditana parecía mostrar más inconvenientes que ventajas al pensar en acciones defensivas. Por un lado, porque la extensión de sus costas la hacían altamente vulnerable por mar. Por otro, porque la obligatoriedad de hacer el paso a tierra firme a través de un sólo punto, salvando el brazo de mar o «caño» en el lado de la Isla de León, convertía a los abastecimientos, las ayudas de otros pueblos y -de necesitarlo- las evacuaciones, en factores extremadamente frágiles si el supuesto enemigo era capaz de apoderarse de la Isla de León, o de la orilla opuesta a la Ínsula de ese brazo de mar. Pero también es verdad, que las dificultades en la comunicación debidas a la edafología, se fueron tornando en ventajas a medida que pasaba el tiempo, pues las singularidades geográficas se convirtieron en unas insalvables barreras naturales para los enemigos cuando fueron aprovechadas adecuadamente.

Por todo ello, hemos creído conveniente hacer una breve exposición sobre esas peculiaridades edafológicas de la Ínsula Gaditana para entender mejor las características presentadas por este pequeño territorio. Un territorio cuya formación fue el resultado de las acciones del río Guadalete a consecuencia de los fenómenos diluviales y aluviales de la Era Cuaternaria. El río, situado frente a la Ínsula, delimitó y separó, en un primer estadio, los núcleos terciarios de las islas de Cádiz y de San Fernando, para en un proceso posterior, ir cegando los pasos interinsulares abiertos al mar con los aluviones y depósitos arrastrados, hasta configurar la zona con un aspecto similar al actual, ya dentro de la época histórica. Los resultados de estas acciones fueron múltiples en cuanto a la formación del suelo de la zona, pero destacaremos tan sólo varios en lo que nos concierne. En primer lugar, se formaron canales marinos o «caños» -de irregulares formas- muy abundantes en el litoral de la «tierra firmen. Uno de ellos, el de Sancti Petri -el más importante- comunica directamente el Atlántico con la Bahía de Cádiz y es precisamente el que confiere el carácter de insularidad a la, tan repetida. Ínsula Gaditana, separándola de hecho del continente. Otro factor a tener en cuenta es la calidad del suelo resultante de las acciones edafológicas descritas. Así, los terrenos configurantes de toda la referida zona de los caños y alguna otra del litoral gaditano son fangosos y sin consistencia, especialmente en el lado de San Fernando, que fueron, por cierto, los más afectados durante el proceso de colmatación, pues los caños primitivos, de gran anchura, fueron cerrándose y perdiendo profundidad paulatinamente. Estos dos aspectos, la insularidad y el tipo de suelo, resultaron determinantes en el devenir de la Ínsula, especialmente en lo referente a la estrategia militar.

La historia de Cádiz ha ido unida en numerosas ocasiones, especialmente en las épocas de guerra, al destino vivido por el otro extremo de la Ínsula, esto es. San Fernando, pues si un hipotético enemigo poseía esta última población, la capital quedaba condenada a una rendición sin paliativos, ya fuera por hambre o por asalto directo de las tropas atacantes. Es decir, defendiendo San Fernando, se salvaba Cádiz. El ejemplo más claro y más reciente lo tenemos en la invasión napoleónica de nuestro país, de la cual quedó libre Cádiz al no ser capaces las tropas francesas de conquistar la, entonces. Real Isla de León. Fue precisamente en ese tiempo, en 1813, durante las últimas sesiones de las Cortes de Cádiz, cuando a la Isla se le cambió el nombre por el actual de San Fernando -haciendo honor al monarca reinante-reconociéndosele así los servicios prestados a la España libre. Al mismo tiempo, su rango urbano era elevado de villa a ciudad.

Pero San Fernando -llamémosle a partir de ahora Isla de León- no tuvo entidad alguna hasta el siglo XVIII. Alo largo de los tiempos, su importancia radicó exclusivamente en la existencia dentro de su término de la única forma de enlace entre la Ínsula y el continente, para lo cual, como ya hemos apuntado, habría de salvarse el escollo del caño de Sancti Petri. Esta circunstancia hizo que la zona adquiriera pronto una gran trascendencia militar por la especial atención que dicho enlace requería, al tener que estar protegido en todo momento. Quizá por esto, el territorio fue de señorío hasta 1729, al ser necesaria una protección efectiva que garantizase en todo tiempo el tránsito entre ambas orillas.

Algunos autores han otorgado al actual puente de Zuazo un origen fenicio y unas reconstrucciones posteriores del mismo por parte de cartagineses y romanos5. Los datos son inciertos, pues el caño de Sancti Petri, no ya en épocas fenicias, sino mucho más tarde -durante la dominación romana- presentaba una anchura muy superior a la actual debido a esas circunstancias edafológicas citadas anteriormente que hacían inviable la construcción de un puente para salvar el caño. Por esta razón, no resultó práctico para el Imperio Romano establecer un paso fijo en forma de puente en ese paraje, especialmente por la falta de solidez del terreno y porque la vía de comunicación principal, o Vía Heráclea, transcurría ya por la orilla atlántica6. Lo que sí construyeron los ingenieros romanos en las cercanías de la futura Isla de León para salvar el caño, fue un acueducto que facilitase la conducción de las aguas procedentes del manantial del Tempul jerezano con destino a Cádiz .El aspecto geográfico de la zona en esa época y la ubicación del acueducto, quedan mostrados en el siguiente mapa.

 

El acueducto, por supuesto, resultó ser de menor obra, altura y peso que un puente. Al parecer, sus cimientos y los restos de los antiguos pilares serían utilizados para la construcción de un puente en el amplio sentido de la palabra, tras el gran paréntesis de la dominación musulmanas. Precisamente, del acueducto o de lo que quedaba de él, nos han dado testimonio los árabes documentándolo como lugar de paso". Cuando los cristianos reconquistaron la Ínsula en el siglo XIII, encontraron un «puente», aunque, eso sí, totalmente arruinado, y como tal «puente» lo trataron de rehabilitar con enmaderamientos en varias ocasiones. Pero sería en vano, pues las crecidas del brazo de mar destruían una y otra vez las reparaciones, lo cual delata una muy escasa envergadura de dicho «puente», seguramente con altura aceptable y conveniente para un acueducto, pero nunca para el tránsito de hombres, animales y pertrechos como se empeñaban en conseguir los reconquistadores. No era esa la función para la que había sido creado.

Desde los primeros momentos de la presencia cristiana en el área, se es consciente de la importancia estratégica de esta comunicación terrestre ante la posibilidad de alguna incursión árabe. Por ello, en los repartimientos que en forma de concejos se hicieron entre los repobladores traídos por Alfonso X, el sitio en donde se localizaba el «puente» y sus alrededores toma una cierta entidad propia y pasa a llamarse Logar de la Puente, para cuya defensa se aprovecharía la presencia en sus cercanías de un ribat islámico. En el siglo XV, este ribat -posteriormente llamado castillo- fue cedido como «casa» por Juan II -junto con el puente y una barca- a Don Juan Sánchez de Zuazo. Éste, desde el primer momento, intentó revitalizar el lugar restaurando la casa y poniendo en explotación las viñas y las salinas, en ese momento yermas, en vista del escaso rendimiento económico obtenido de la barca, exclusivo bien material existente en el señorío, cuya explotación tan sólo rentaba quinientos maravedís anuales. De esto se deduce que en 1408, fecha de la donación, el «puente», o acueducto romano transformado, debía ser totalmente impracticable, puesto que era la «barca», con su capacidad de transporte, el único medio para ejercer una función de enlace entre las dos orillas. Lo cual da una idea sobre el aislamiento de la Ínsula Gaditana en el Cuatrocientos.

Esta familia de los Zuazo, poseyó el señorío durante casi todo el siglo XV, y su nombre ha quedado unido al del puente actual sin saberse las razones para ello. A comienzos de la década de los noventa de ese siglo, otra familia, los Ponce de León -a la sazón dominadora de la ciudad de Cádiz desde 1471 y ostentadores del condado de Arcos-, llegó a un acuerdo con los Zuazo para hacerse con el Logar de la Puente y de esta manera, poseer por entero la totalidad de la Ínsula. A cambio, los Zuazo recibieron como compensación otros territorios y bienes de diversas especies16. Muy poco después de haberse consumado el trueque, los Reyes Católicos, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, solicitaron a los Ponce de León la cesión de la ciudad de Cádiz a la Corona. Como premio, entre otras cosas, les fue acrecentado el rango nobiliar, con lo cual el condado de Arcos de su propiedad pasó a ser ducado, quedando en sus manos tan sólo el llamado Logar de la Puente, que pasó a denominarse a partir de entonces Isla de León, nombre que se mantuvo hasta 1813, como se ha indicado anteriormente. Estos nuevos señores, los Ponce, fueron propietarios del lugar hasta 1729, cuando Felipe V lo incorporó a la Corona -junto con El Puerto de Santa María- ya como Real Villa de la Isla de León.

En el siglo XVI aparecieron los primeros síntomas que mostraban la debilidad defensiva de la Ínsula ante un ataque enemigo. De las incursiones piráticas árabes en esa centuria, destacaríamos dos por su proximidad a la Isla de León: la realizada a la almadraba de Sancti Petri en 1521 con el saldo de más de ciento veinte rehenes aprehendidos, y el saqueo de Puerto Real en 1522. Estos hechos hicieron temer a la reina por Cádiz, pues al no poder auxiliarla militarmente en caso de apuro, la Corona veía que la ciudad podía ser fácil presa para turcos y moros. La Soberana española, para prevenir el peligro en lo posible, tomó como medida el responsabilizar a la ciudad de Jerez del socorro y defensa del área, haciendo especial hincapié en el remoza-miento de las vías de comunicación:

...es menester hacer un repaso de madera, e otro reparo de la puente de Zuazo para que pueda, ser socorrida por tierra, la dicha, Cádiz, en caso de necesidad.

Quedaba claro que el tránsito entre ambas márgenes del Caño de Sancti Petri seguía en el mismo miserable estado de antaño y el aislamiento y la indefensión de la Ínsula eran hechos evidentes. Poco después, se iniciaría la construcción de un verdadero puente -el actual de Zuazo- ubicándose exactamente en el mismo lugar al del acueducto romano. En la realización de la obra se invirtió casi toda la segunda mitad del XVI, y su financiación se obtuvo con el producto de un impuesto que gravaba en un uno por ciento todas las mercancías que entrasen en la Bahía. También se construyeron las calzadas necesarias, inexistentes hasta entonces, a uno y otro lado de dicho puente. De esta forma quedó establecido un paso seguro, fluido y cómodo para la zona.

Pero tan pronto como fue solucionado el problema de las comunicaciones, apareció otro de trascendental importancia. La fábrica del nuevo puente supuso un gran avance en la resolución del aislamiento de la Ínsula, pero a la vez, allanó el paso a un posible enemigo con pretensiones de acceder a la Isla de León. El ribat, casa o castillo, tan útil en otros tiempos cuando ese enemigo había de cruzar con grandes dificultades el caño de Sancti Petri, resultaba ahora un tanto ineficaz al no estar lo suficientemente cerca del nuevo puente como para repeler con éxito cualquier intento de penetración hostil. Quizá pensando en este peligro potencial o por puras razones económicas, o por ambas a la vez, el ojo central del nuevo puente quedaría inacabado. Mientras tanto, el paso quedó garantizado con la colocación de unos enmaderamientos levadizos, consiguiéndose así una solución a la defensa de la Ínsula24. Esta circunstancia, en apariencia inteligente, tendría funestas consecuencias en el futuro inmediato con motivo de las visitas inglesas. Si se había dejado el puente inconcluso como medida precautoria frente a un enemigo procedente de la Península, las previsiones resultarían totalmente fallidas puesto que tal enemigo llegaría de la dirección opuesta, es decir, de Cádiz, tomaría la Isla e incomunicaría la Ínsula con el resto de España aprovechando, precisamente, el enmaderamientos removible del puente: los resultados fueron trágicos.

La existencia del puente complicaba extraordinariamente el aspecto defensivo de la Ínsula y el asunto preocupó a los ingenieros militares de la época. Así, varios informes realizados todavía el siglo XVI, alertaron sobre los peligros existentes. Vespasiano Gonzaga, por ejemplo, en 1575 consideraba fácil la apropiación del puente de Zuazo por parte enemiga. Por ello, aconsejaba a Cádiz tener siempre gran acopio de víveres para poder enfrentarse con cierta holgura a una contingencia de asedio. Otros, como Luis Bravo de Laguna, señalaba, acertadamente, la necesidad de construir una torre defensiva junto al puente en la orilla de la Isla de León, ante la evidente inoperancia del ribat. Pero el más realista en este asunto fue el Adelantado Mayor de Castilla, quien en 1589, dos años después de la visita de Drake, advertía que de nada servirían las defensas del puente si el fuerte del Puntal -situado en Cádiz- no era capaz de detener la entrada de navíos enemigos en la Bahía27. Desgraciadamente, esta última advertencia tomaría caracteres proféticos siete años después.

1.2.- LA ISLA DE LEON DURANTE LAS INCURSIONES INGLESAS

El siglo XVI enfilaba sus últimos años, pero no había terminado aún. Quedaban por llegar dos acontecimientos que pusieron en tela de juicio la deplorable defensa de Cádiz, aunque a la vez sirvieron para resaltar a la Isla de León como punto fundamental en la protección de la Ínsula. Nos referimos a las dos visitas inglesas al entorno gaditano en 1587 y en 1596; la primera debió ser un aldabonazo lo suficientemente importante como para haberse evitado los trágicos efectos de la segunda, pero no fue así. El adormecimiento de las conciencias españolas propiciaron el desastre de 1596, a pesar de haber pasado suficiente tiempo -nueve años- desde la primera aparición de los británicos. Pero nada se hizo para eliminar la indefensión de la zona ante un enemigo como el inglés, que ya había demostrado en 1587 con Drake la efectividad de su importante flota.

Inglaterra había puesto en práctica una política naval cuyo objetivo era amenazar el tráfico entre España y América y así se pueden entender los ataques efectuados por Drake a las Indias Occidentales en 1585 y a las Islas Canarias un año después. Pero la agresividad de esta política tenía, como fin último, visos defensivos ante la proyectada invasión de la nación inglesa por parte hispana, de la que era notoria muestra los preparativos para constituir la que sería «Armada Invencible» en la Bahía de Cádiz. No puede causar sorpresa, por tanto, la decisión isabclina de anticiparse a los acontecimientos enviando al vicealmirante Drake a aguas gaditanas en un intento de abortar el peligro español que amenazaba su país. Aunque no conjuró tal peligro, al menos pudo retrasar la salida de nuestros barcos". Para conseguirlo, los ingleses organizaron una flota no menos formidable a la pensada por Felipe II, que hizo su aparición en la primavera de 1587 ante la sorprendida y asustada Cádiz. La misión en si, tuvo desde luego el éxito apetecido debido a la situación de abandono de las defensas de la ciudad, con unos baluartes inoperativos -en la práctica inexistentes- y por la escasez de artillería, armas y pertrechos. De este modo, la acción de Drake se convirtió más que nada en un paseo naval, demostrando, y esto era lo más grave, que nuestro rey Felipe podía ser temible en el exterior, pero no en su propio territorio.

Una vez en el interior de la Bahía, el vicealmirante no encontró obstáculo alguno que le impidiera destruir veinte embarcaciones de distinto tamaño algunas de las cuales estaban preparadas para recibir cargas con destino a Nueva España. Como resultado de las acciones británicas, la Invencible hubo de retrasar un año su partida hacia las costas británicas, es decir., hacia su desastre. Pero donde Drake fracasó fue en su intento de poner pie en tierras de la Ínsula Gaditana. Había elegido para ello un supuesto punto débil en teoría fácilmente franqueable: la Isla de León. Su plan consistía en entrar por el caño de Sancti Petri desde la Bahía y así acceder al puente de Zuazo. Pero en este lugar encontró una resistencia no esperada, pues las lanchas armadas inglesas fueron contenidas el tiempo suficiente como para que de los pueblos próximos llegasen los necesarios refuerzos y de esta forma rechazar el intento de desembarco. Una galera española, situada en el interior del caño, apoyaba con eficacia las tareas defensivas haciendo prácticamente imposible la aproximación enemiga al puente de Zuazo.

De las consecuencias de esta visita británica las autoridades nacionales y, sobre todo las locales, deberían haber obtenido algún tipo de enseñanza con vistas al mejoramiento defensivo de la Ínsula, pero tal hecho no ocurrió. Cádiz y la Isla de León permanecieron en el mismo estado de abandono en el que se encontraban antes de la llegada de Drake. En cambio, fueron precisamente éstos, los ingleses, los que estudiaron a fondo todas las peculiaridades del territorio, no sólo las del acceso al interior de la Bahía, sino también las de la Isla de León, su puente y el caño de Sancti Petri. Cádiz no estaba fortalecida, sus baluartes eran inservibles y por ello, una flota podía pasar ante la ciudad sin recibir ningún daño. Una vez dentro de la Bahía, el desembarco de las tropas debería hacerse en un sitio distinto de la Isla de León, en donde la acción resultaba complicada por las características que presentaban no sólo el Caño, profundo y con suelo cenagoso, sino el puente, en donde la resistencia de los defensores, sin necesidad de ser numerosos, hacían el paraje inexpugnable, tal y como había experimentado Drake.

Militarmente, los ingleses habían obtenido de la visita de Drake unas enseñanzas correctas y aprovechables. No fue así el caso de los españoles, quienes tal vez no esperaron, insensatamente, consecuencia alguna de la visita de la Armada Invencible a las costas británicas. En efecto, en 1596 la reina Isabel mandó preparar otra expedición, esta vez de venganza, contra Felipe II y la víctima volvió a ser la Ínsula Gaditana. Para mayor desgracia, en esta ocasión los británicos no vinieron solos, sino formando una escuadra mixta junto con las Provincias Unidas. La alianza permitió presentar ante la costas de Cádiz una flota de ciento veintisiete barcos que transportaban seis mil ochocientos hombres, enrolados, al parecer, con gran facilidad por la presencia del popular conde de Essex entre los mandos ingleses. El peligro que se cernía sobre los gaditanos era de enorme magnitud. De muy poco serviría el escaso número de navíos hispanos fondeados en la Bahía. De ellos, diecinueve eran de guerra, treinta y seis mercantes cargados para las Indias y dieciocho galeras mandadas por el almirante Don Juan de Portocarrero37. La pobreza defensiva de Cádiz llegaba a tal extremo, que no parecía formar parte de la más poderosa y extensa monarquía del mundo38 pues, aparte de la carencia de artillería, tan sólo unos seiscientos hombres -de los cuales menos de cien eran soldados profesionales- se aprestaban a defenderla. De todos ellos, cuarenta habían sido enviados por el duque de Arcos.

Por presiones de los armadores de Indias, quienes egoístamente miraban sólo sus intereses, el primitivo plan de defensa fue sustancialmente alterado. Los mercantes, buscando seguridad para sus valiosas cargas, huyeron a refugiarse a los caños adyacentes al puente Zuazo en donde encallaron la mayoría de ellos. Ante este movimiento de huida, los aliados atacantes no tuvieron dudas sobre la manifiesta debilidad que encontrarían en cuanto empezasen las acciones militares, como así fue. Después de unas horas de combate, se realizó el desembarco en el fuerte del Puntal en Cádiz, a pesar de haberse propuesto por Essex, en algún momento del viaje, hacerlo en la Isla de León, pero la idea o fue desechada, o no se tuvo en cuenta. Inmediatamente, y debido a la importancia estratégica de la zona, tres regimientos ingleses fueron enviados a la Isla de León para impedir la posible llegada de tropas españolas de auxilio a través del puente de Zuazo. Una vez allí, dominaron fácilmente el castillo de Arcos -aunque ofreció inútilmente gran resistencia- y se hicieron por entero con el lugar. En Cádiz, que había caído rápidamente, los invasores mandaron evacuar la urbe ante la insegura situación de la misma, marchando las gentes a través del puente isleño a diferentes localidades como Jerez, Puerto de Santa María y otros. Sólo en Medina, se refugiaron más de tres mil personas.

Se alcanza ahora un punto controvertido de la historia. Para algunos autores, fueron los ingleses quienes retiraron el entramado de madera de la zona central del inacabado puente Zuazo para aislar a la Insula. Otros, en cambio, o señalan a los españoles como responsables o queda la acción de forma indeterminada. Lo lógico es suponer que fueron los británicos los desmontadores del maderamen, pues resultaría del todo incongruente pensar en una acción española en ese aspecto, porque lo único que se hubiera conseguido con ello, habría sido evitar el paso de los aliados a tierra firme, pero dejando,, eso sí, completamente aislada y desamparada de auxilios a la Ínsula. Por las razones que fueran, el puente quedó abierto y abierto permanecía cuando llegó la noticia de la rendición de Cádiz. Conocido el evento, los coroneles de los regimientos aliados, junto con muchos de los soldados, se apresuraron en marchar a la ciudad, quedando descuidada la vigilancia del puente. Don Juan de Portocarrero, a la sazón atrapado en el interior de la Bahía, aprovechó la ocasión y salió a mar abierto con sus galeras navegando por el Caño de Sancti Petri. No encontró obstáculo alguno para hacerlo, pues la vigilancia inglesa había disminuido considerablemente y el puente, como hemos señalado, tenía levantado el entablamiento facilitando el paso de las naves.

Pero tampoco el desastre producido en la zona por la visita anglo-holandesa pareció ser motivo suficiente como para decidir una acción inmediata respecto a las defensas de la Ínsula. La Corona no tomó medida alguna para paliar el grave problema. Cádiz, reconociendo la importancia vital de la Isla para su propia supervivencia y temiendo, sin duda, un nuevo asalto, no había cesado de protestar ante las autoridades de la Nación en demanda de unos sistemas defensivos apropiados para la urbe y para la Isla de León, antesala de la ciudad. Poco más tarde, las peticiones fueron atendidas y en los años que quedaban de siglo y en los primeros del siguiente, varios ingenieros militares visitaron la zona para estudiar la forma efectiva de amurallar y fortificar la plaza de Cádiz y desde luego la Isla de León, que había demostrado en todo momento su esencial importancia para la protección terrestre de toda la Ínsula.

Las primeras ideas aparecieron en la temprana fecha de agosto de 1596, recién marchados los aliados: Don Pedro de Velasco consideraba fundamental concluir el ojo central del puente de Zuazo, en clara oposición a la tendencia existente en el momento, partidaria, ante el pánico vivido, de desmantelarlo por completo y sustituirlo por un puente de barcas. Según el informante habrían de levantarse, además, dos fuertes a ambos lados del puente, mientras que el castillo de Arcos, considerado inservible, debería ser desarmado y su piedra usada en las nuevas construcciones. De un parecer análogo fueron tanto Don Luis Fajardo como el insigne marino Don Juan Andrea Doria. No obstante, dos años después del nefasto suceso, en 1598, todavía no se había hecho nada. Por ello, el historiador local Agustín de Horozco aireaba en ese año el lamentable estado de las defensas tanto en Cádiz como en la Isla de León, cuyo castillo había quedado arruinado tras el acoso a que se vio sometido por las tropas atacantes.

Cádiz pudo recuperarse con relativa prontitud del marasmo destructor y del empobrecimiento producido por los acontecimientos de 1596. En pocos años recobró, incluso con renovado esplendor, su importante status de ciudad marítima y comercial. Probablemente el enriquecimiento gaditano fue la principal razón que animó a la corona británica a efectuar una nueva visita a la Ínsula en su afán por conseguir el predominio en los mares y, por supuesto, la codiciada plata americana. Para una acción de esas características se contaba, además, con la fácil disponibilidad del monarca Carlos que debía recordar el rechazo recibido de la Corte española cuando, poco tiempo antes, siendo príncipe todavía, pretendió la mano de una hija de Felipe III. Ya fuera por una razón u otra, una de las primeras decisiones del joven rey, fue enviar una expedición en la cual participaban, otra vez, los holandeses, tan partidarios como los británicos de cercenar el poder económico español. Sin embargo, en esta ocasión de 1625 el éxito no sonrió a los aliados como en 1596 y de ello fueron responsables varios factores. Uno de ellos, el más importante, era que Cádiz había sido fortificada recientemente y su accesibilidad ya no resultaba tan fácil como en la ocasión anterior". Por otra parte, tampoco los atacantes se presentaban tan temibles como antaño y no precisamente por el número de navios componentes de su escuadra, sino porque la organización y la disciplina dejaron mucho de desear. El consiguiente e inevitable desembarco aliado se realizó por el mismo lugar de la campaña anterior, es decir, el fuerte del Puntal en Cádiz, aunque esta vez -como novedad-se habían explorado con anterioridad las costas de Sanlúcar y Puerto de Santa María buscando un lugar apropiado desde donde poder acceder por tierra a la Isla de León y así esperar la rendición de Cádiz por hambre. El plan no se llevaría a la práctica en esta oportunidad, sino setenta y siete años después, cuando la Guerra de Sucesión.

En 1625, el fuerte del Puntal tampoco era el de antes, y hubiera resultado inexpugnable de haber dispuesto de más artillería y municiones; Lord Cecil, del mando británico, quedó sorprendido de la consistencia de su armazón defensivo pues recibió mas de mil setecientos disparos sin que se moviera una piedra55. Rendido el fuerte, parte de las tropas siguieron el camino de la Isla de León en una repetición de la táctica de 1596, pero en sus proximidades, debido a fallos organizativos de la intendencia inglesa, los soldados quedaron sin alimentos y sin bebidas. Esto, unido a la falta de disciplina observada en todos los niveles desde la salida de Plymouth, llevó a la tropa a entregarse al saqueo de caserías y bodegas en busca de pan y vino, propiciándose así la muerte fácil de muchos soldados ingleses.

Los españoles no permanecieron inactivos, pues las galeras fondeadas en la Bahía marcharon a las inmediaciones del caño de Sancti Petri, en cuya entrada se habían hundido dos urcas en espera del combate con las embarcaciones enemigas. Mientras, fueron llegando a la Isla de León refuerzos venidos de distintos pueblos, superándose la cifra de cinco mil hombres dispuestos a defenderla57. Ante el cariz que tomaba la situación, los ingleses hubieron de retroceder al punto de desembarco y esta ve? no pudieron tomar el puente de Zuazo. Por tanto., la acción militar quedó completamente fallida en su plano estratégico al no conseguirse el objetivo principal. Un pintor español, Zurbarán, plasmó en su cuadro La defensa de Cádiz58 la batalla librada en la Isla de León. En el lienzo podemos identificar el castillo, el caño de Sancti Petri y el puente de Zuazo.

Acerca de esta visita de 1625, se ha presentado a la meteorología como la causante del fracaso aliado. En verdad, ni existía el entusiasmo -o el odio-de 1596, ni tampoco la organización y, como se ha dicho antes, la disciplina anteriores. Así se desprende de lo reseñado por el almirante lord Cecil en su diario de a bordo sobre esta operación militar del frustrado asalto a Cádiz. El marino inglés no cita a unos posibles problemas atmosféricos en descargo de su fracaso, pues, sin duda alguna, de haber existido habrían sido refleja dos en los libros. Por otro lado, las informaciones obtenidas por los ingleses sobre la nueva situación defensiva de Cádiz, debieron ser defectuosas o incompletas y resultó un tanto burdo, el esperar que los españoles no pretendieran defender a toda costa la Isla de León como baluarte estratégico fundamental para la Ínsula Gaditana, después de lo ocurrido en 1596. De este ataque de 1625, lo fundamental fue, precisamente, el reconocimiento de los estrategas españoles, de la importancia de la Isla de León en la defensa de la Ínsula gaditana.

1.3.- LA ISLA DE LEÓN EN TIEMPOS DE LOS PRIMEROS BORBONES

Uno de los momentos de mayor debilidad vivido por España tras la muerte del último Austria, Carlos II, fue, sin duda, la llamada Guerra de Sucesión Española. La oposición a una probable preeminencia francesa en Europa llevó a varias naciones a luchar en contra de la familia Borbón para evitar el establecimiento de un posible eje París - Madrid, que sería, de producirse, determinante en el futuro de Europa. La cuestión se basaba en no aceptar a Felipe V en el trono hispano y colocar en su lugar al pretendiente de la Casa de Austria, no incluido en el testamento del último descendiente de los hacedores del Imperio español. Conociendo las aficiones británicas, la guerra afectó a la Ínsula Gaditana y al resto de la Bahía, como era de esperar. El ataque combinado de los ingleses y de sus perennes aliados, los holandeses, buscaba claramente dos objetivos: la conquista del territorio, primero, y de la flota de Indias, de camino a España, después. Tampoco en esta ocasión tendrían éxito debido a la eficaz defensa establecida en la Isla de León.

En agosto de 1702, la expedición de las ciento sesenta naves aparecieron ante Cádiz. El plan militar original contemplaba a la Isla de León como lugar idóneo para el desembarco, pero la inspección realizada por toda la Bahía, desde el caño de Sancti Petri hasta Rota, les mostró a una Isla muy protegida por varias galeras colocadas en las proximidades de los caños. La pretensión de poner pie en la Isla requería la navegación por el estrecho Caño de Sancti Petri de unas embarcaciones que serían blanco fácil para nuestra artillería. Si, supuestamente, la acción tenía éxito, el desembarco de tropas en tan angosto lugar encontraría el inconveniente adicional del fangoso suelo y la consiguiente lentitud en el avance de los soldados, hostigados además, por los defensores terrestres. Como consecuencia, los aliados prefirieron acercarse a las costas de Rota, hacer allí el desembarco y avanzar camino del puente Zuazo, último obstáculo a salvar antes de alcanzar las murallas de Cádiz.

El camino hacia el objetivo final pareció presentarse sumamente favorable para los aliados. Rota y Puerto de Santa María cayeron con relativa facilidad ante la pobre oposición presentada en ese momento por el marqués de Villadarias, capitán general del Ejército español, debido a la escasez de tropas disponibles en las primeras horas del asalto. Para más facilidad, los invasores encontraron en Puerto Real -el pueblo más cercano a la Isla en el lado de tierra firme- una sorpresa agradable, ya que el alcalde de esa villa era claro partidario del pretendiente Carlos, por lo cual, el camino hacia el estratégico y ansiado puente, parecía quedar expedito. Pero antes de llegar a él, las esperanzas anglo-holandesas quedaron frustradas al encontrar una fuerte oposición hispana. El tiempo corría a favor de los españoles y Villadarias aumentaba su ejército a medida que pasaban los días. Ante la posibilidad de ser copados por el capitán general, los aliados prefirieron volver rápidamente a Rota y reembarcar. De esta manera, Cádiz quedó libre de peligros gracias a la firme defensa establecida en la Isla de León.

Debido a esta Guerra de Sucesión, la nueva dinastía pareció haber iniciado su andadura bajo malos augurios, pero ios síntomas fueron del todo engañosos, pues en España se comenzaron a vivir unos tiempos muy diferentes a los de los Austrias. Para la Isla de León, los Borbones supondrían algo tan importante como su nacimiento como población y la toma de una identidad propia diferenciada de Cádiz. Pronto, el tradicional paisaje formado por el puente de Zuazo, el castillo de Arcos, las huertas, las salinas ... que ya había empezado a cambiar en la anterior centuria con la construcción de algunas caserías o casas de recreo dispersas por los potentados de Cádiz, quedaría trastocado ante el extraordinario desarrollo urbano experimentado durante el Setecientos. Las eclosiones poblacional y constructiva isleña, que posiblemente no tuvieron parangón en la España de la época, se debieron a una serie de hechos favorecedores del desarrollo de este pueblo, durante tanto tiempo en embrión. La instalación en Cádiz de la Casa de la Contratación y el gran movimiento de mercancías y gentes de todo tipo circulantes por la ciudad, llevaron, casi con seguridad, a la idea de apartar al estamento naval de una urbe cuya importancia comercial alcanzaba en esa época el máximo exponente. La presencia de José Patiño al frente de tan valioso centro de comercio, pudo ser determinante en la posterior decisión de trasladar la Armada de Cádiz a la Isla.

La Real Villa de León fue adquiriendo una personalidad propia a medida que el Cuerpo de Marina y sus instalaciones fueron asentándose en su territorio, tomando la Villa desde entonces una función militar que ha perdurado hasta nuestros días. Con la presencia de la Armada y las actividades navales se consagraba la importancia estratégica castrense de la Isla. La decisión de Carlos III de trasladar los efectivos de la Marina de Cádiz a la Isla de León en 1769, resultaría fundamental para el impulso de la Real Villa, la cual había recibido este apelativo desde su incorporación a la Corona en 1729, después de la visita efectuada a la zona por Felipe V". El decidido apoyo carolino, haría de la Isla un emporio naval, pues en lo restante de siglo, fueron llegando otras realidades como la Escuela de Guardiamarinas, la Ciudad de San Carlos, y el Observatorio Astronómico". De esta forma, la Ínsula Gaditana tomó un valor que hubiera sido impensable en tiempos anteriores. Por un lado, se encontraba Cádiz, centro del comercio americano, y por el otro, la Real Isla de León, el más significativo departamento marítimo de España. La defensa de este territorio, importante en el pasado, se había convertido en fundamental.

Con los Borbones surgió no sólo una nueva mentalidad militar, sino la voluntad de llevar a la práctica aquellas ideas y proyectos que resultaran válidos y positivos para la Nación. Todo ello aplicando una eficiencia muy superior en todos los aspectos a la de la dinastía anterior. De esta forma de ver las cosas saldría beneficiada la Ínsula Gaditana, pues se llevaron a la práctica unos sistemas defensivos para ella y para el resto de la Bahía de Cádiz que convirtieron el área en una de las más fortificadas del país74. Las encargadas de desarrollar estos sistemas fueron las Juntas Locales de Defensa que establecieron los planes defensivos de la zona en caso de alarma bélica, primando por encima de todo la inexpugnabilidad de la Ínsula.

De entre las numerosas medidas adoptadas destacaremos aquellas directamente relacionadas con la Isla de León y su inmediato entorno. Por ejemplo, el Puente de Zuazo quedó reforzado con baterías situadas en sus cabeceras, siendo misión de los cañones emplazados en «tierra firme» -en la orilla de Puerto Real-cortar el acceso por el arrecife e impedir la aproximación al Arsenal. A su vez, desde el lado de la Isla se dominaba en ambos sentidos el caño de Sancti Petri, protegido en sus extremos con cascos de barcos, sin arboladura armados con artillería de grueso calibre. Doce embarcaciones de gran movilidad, serían empleadas como brulotes contra las bombardas y navíos enemigos. En el Arsenal -punto a preservar con gran interés- además de la artillería se impedía el acercamiento del enemigo con cadenas que cerraban el caño de la Carraca. Pequeñas baterías llenaban la costa interna de la Bahía desde Puntales, en Cádiz, hasta la Casería de Ossio, en la Isla de León, para impedir un posible desembarco.

Pero todo esto no era suficiente: había que prever la defensa terrestre de la Ínsula en caso de que el enemigo fuera capaz de poner pie en tierras gaditanas. Entonces, y como medida de contención y rechazo de ese supuesto enemigo, se estacionarían en la Isla suficientes tropas de caballería -o de dragones- e infantería pura, encargadas de caer sobre el invasor cuando éste se encontrase ya en tierra tratando sobre todo de que el enemigo no se hiciese fuerte en la Isla y desde ella sitiar a Cádiz77. Quedaba, por último, proteger el tránsito terrestre entre Cádiz y la Isla de León, pues, siendo realistas, se admitía la posibilidad de un desembarco que pudiera afectar a Cádiz o a la Isla, pero siempre tratando de evitar la pérdida de ambas localidades a la vez. Por eso, unas baterías colocadas a medio camino del arrecife que comunicaba las dos poblaciones -en el sitio llamado la Alcantarilla- podrían repeler a los invasores en ambos sentidos, ya se acercasen a la capital o a la Real Villa78. Fue a partir de los Borbones cuando la importancia estratégica de la Real Isla de León es reconocida de manera fehaciente por los diversos estamentos del poder. De ello es una prueba la reseña que hizo en la década de los sesenta de este siglo XVIII ante las Juntas de Defensa el Marqués de la Victoria, capitán general de la Armada: la Isla de León es el antemural de Cádiz, de su Bahía, del Puntal y de los arsenales. Desde los acontecimientos de 1702 no se volvió a producir ningún otro tipo de invasión de la Ínsula Gaditana, aunque esto no significó quedar libre de peligros, pero al menos se habían establecido los mecanismos para tratar, en lo posible, de contrarrestar cualquier nuevo intento británico. A partir del inicio de la era borbónica, la Real Villa fue tomando consideración como ente urbano de cierta magnitud en muy breve espacio de tiempo, pues las actividades navales no sólo provocaron la llegada de militares y familiares, sino también atrajeron a una gran masa de pobladores civiles, que trabajaron, directa o indirectamente, para el Real Cuerpo de Marina. Como resultado del rapidísimo desarrollo urbano, la gobernabilidad de la Villa desde Cádiz, se hizo cada vez más complicada, por lo cual Carlos III, teniendo en cuenta estos aspectos poblacionales y la problemática que generaría la marcada función militar asignada a la Isla, decretó en 1766 la segregación de la Isla de su tutora, otorgándole desde ese año un ayuntamiento autónomo.

1.4.- LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA Y SU REPERCUSIÓN EN LA REAL VILLA

La política de estricta neutralidad de Fernando VI sufrió un profundo cambio con su sucesor Carlos III. A pesar de los esfuerzos de éste último por mantener la paz, se vio envuelto en diferentes conflictos en los cuales aparecía siempre Inglaterra como enemigo permanente. Los afanes exteriores del tercero de los Carlos no contemplaban proyectos gratuitos de agresión a otros países; tan sólo pretendían como objetivo principal la consolidación de la presencia española en las colonias americanas, protegiendo y abasteciendo los puertos de las Indias. No quedaban en el olvido, por supuesto, las perdidas Menorca y Gibraltar, ambas bajo pabellón británico. Pero las intenciones de este rey de sobrellevar, en lo posible, a los ingleses y evitar los conflictos armados, no pudieron tener el éxito apetecido debido a la pujanza naval de Gran Bretaña y a su creciente presencia en el Nuevo Continente, sin duda, hecho peligroso para nuestros territorios americanos, tan apetecidos por esa nación.

Para ofrecer un frente común a este expansionismo colonial británico, pareció conveniente la firma de un acuerdo o tratado con Francia, el llamado Tercer Pacto de Familia, que desgraciadamente para España, funcionó mientras fueron franceses los intereses a defender, pero en la práctica estéril y sin sentido en cuanto nuestro país quiso aplicarlo a su favor, corno veremos a continuación. Otro aspecto de la política exterior se centraba en el norte de África, en donde se habían establecido relaciones comerciales con Marruecos, aunque las cuestiones pendientes de resolución en el Magreb no procedían solamente de este cercano país, sino también de los problemas presentados por lo ataques argelinos, tan dañinos para nuestras relaciones mediterráneas.

La voluntad británica de acosar a España en todos los campos y la certeza absoluta de la capacidad inglesa para realizar operaciones de castigo en territorio hispano, hizo temer un posible ataque e invasión de la Ínsula Gaditana y del área próximo de la Bahía, cada vez que se produjera una situación prebélica o de guerra abierta que afectase -directa o indirectamente- a ambos países. Ello motivó, en prevención de cualquier visita inesperada, como había ocurrido en el pasado, el ubicamiento de tropas del Ejército en la Isla de León cuando las circunstancias así lo requeriesen, en aplicación de los planes desarrollados por las eficientes Juntas de Defensas5. Por tanto, las circunstancias de tensión con Inglaterra repercutieron siempre en la gobernabilidad de la Real Villa, en los abastos '. en su población. Cuatro fueron las ocasiones en las cuales la Isla de León hubo de encarar la presencia masiva de tropas en su termino debido a la política exterior de la Corona en este siglo XVIII. La primera de todas ocurrió en 1770, después, llegarían las de 1775 y 1779 y, finalmente, la de 1797.

La de 1770, surgió como consecuencia del incidente de las Malvinas, un litigio que estuvo muy cerca de producir un enfrentamiento armado entre ingleses y españoles. El origen del problema se situó en la irrupción británica en las Islas Malvinas en 1765, en donde el capitán Byron fundó Port Egmont con la clara intención de incorporar el archipiélago a la jurisdicción de su Corona. El hecho adquirió una gran relevancia para el gobierno de Madrid, pues se consideraba a las islas como punto fundamental en la ruta marítima hacia las colonias del Pacífico. Por otra parte, la presencia del temido enemigo en un lugar tan cercano a Buenos Aires -en plena expansión económica- se podía tomar como algo más que una simple amenaza a los intereses nacionales. Como las pertinentes reclamaciones españolas fueron rechazadas, se llegó inmediatamente a una situación próxima a la guerra y se ordenó en 1768 al gobernador de Buenos Aires la expulsión de los británicos de las Malvinas en cuanto la oportunidad fuera favorable. Hubo que esperar hasta junio de 1770, fecha en que la acción se llevó a cabo. En agosto de este último año la noticia llegó a Madrid. El gobierno casi había olvidado la orden dada al gobernador Buccarelli, y quedó asustado por las consecuencias porque el enfrentamiento con los ingleses se presentía inevitable.

Sin embargo, había en España una gran confianza en el Pacto de Familia y a él apeló el monarca hispano esperando la ayuda de nuestros amigos galos ante el muy probable estallido de la guerra. Guerra que era, incluso, deseada por algunos como el conde de Aranda. La decepción hubo de ser grande cuando se comprobó la defección francesa y no menor el miedo a una confrontación en solitario con los ingleses. Como consecuencia, se pusieron en marcha los dispositivos previstos con anterioridad y los militares llenaron la Isla de León en espera del muy probable ataque enemigo- La tensión duró hasta los primeros meses de 1771, que fue cuando se produjo la humillante retirada de las tropas españolas de las Malvinas, tal y como aconsejaban nuestros «aliados» franceses. Poco después, en 1774, los ingleses desalojarían las islas, pero el Pacto de Familia había quedado vacío de contenido y la desconfianza en Francia se apoderó de nuestros gobernantes.

La política exterior mediterránea podía ser considerada más sosegada que la atlántica, a pesar de la extraña amistad de Marruecos, circunscrita solamente a las relaciones comerciales y de navegación marítima entre los dos países, pero que no eran obstáculo alguno para que se produjeran ataques a nuestras plazas de soberanía, ni tampoco para los asaltos piráticos de la incontrolada Salé. España preparó una flota para desembarcar en esas tierras con la intención de acabar con los problemas por medio de la fuerza. Pero al iniciarse en esas fechas conversaciones de paz con el vecino país norteafricano, la operación militar quedó sin sentido y condenada a deshacerse. Sin embargo, Grimaldi pensó en aprovecharla aplicándola a otro lugar cercano del norte de Africa, porque la piratería argelina impedía desde hacía algún tiempo la libre circulación de nuestras naves por el mar y suponían un serio obstáculo a las relaciones con otros países del Mare Nostrum. Así pues, se proyectó un precipitado y defectuoso plan de invasión y toma de Argel por parte del general 0'Reilly, apoyado en todo momento por Grimaldi.

El plan fracasó estrepitosamente y costó muchas vidas por la incompetencia mostrada en la dirección de las operaciones militares90. Como era de esperar, cuando este proyecto castrense iba a hacerse realidad en 1775, los soldados del Ejército volvieron a la Isla de León en previsión de ataques inesperados, aunque lo hicieron en menor número que en la ocasión de las Malvinas. La Isla, en palabras del síndico procurador general pronunciadas ese año, se había convertido en el boquete por donde pasa toda la tropa para Cádiz y de Cádiz para guarnecer el Campo de Gibraltar y otros parajes91, trasladando de esta forma al cabildo isleño la irritación del pueblo por la permanente presencia militar. Obviamente, se olvidaba la propia razón de ser de la Isla de León, es decir, la de una villa de exclusiva función castrense.

Estas dos circunstancias relatadas fueron las consecuencias de los riesgos potenciales sufridos por España a cuenta de su política exterior. En cambio, en 1779 y 1797, no fue el peligro de contienda lo que hizo aparecer soldados en la Isla, sino de clara guerra abierta con nuestro tradicional adversario. Así, en 1779 se quiso aprovechar la teórica debilidad inglesa provocada por sus problemas con las colonias británicas del norte de América, y se pensó que era el momento apropiado para recuperar la integridad nacional perdida tras el Tratado de Utrecht, haciendo volver Gibraltar a manos hispanas. De paso, e indirectamente, las Trece Colonias recibían una inestimable ayuda al verse forzada Inglaterra a mantener parte de su flota en este lado del Atlántico''. En el empeño habían depositado grandes esperanzas no sólo el rey y su gobierno, sino la gran mayoría de los españoles y también Francia, aliada otra vez de Carlos III.

La pretendida reconquista de la Roca desbordó por completo las posibilidades de la Isla, no preparada en absoluto para una contingencia de tal magnitud. El desarrollo en el ámbito de la Real Villa de complejos movimientos militares, tanto por parte de la Real Marina como del Ejército -imprescindibles para una operación de tal envergadura- dislocó todas las previsiones y medidas municipales, llegándose incluso a una grave carencia en los abastecimientos. El Ejército, especialmente en el primer bienio de las hostilidades -de 1779 a 1781- volvió a llenar la Isla de uniformes, en una rápida sucesión de unidades castrenses que, con estancias más o menos breves, seguían su camino al campo de batalla94. A estas difíciles circunstancias se unieron las demandas de la Armada, partícipe activo en la contienda con barcos, hombres e ingenios navales fabricados en el Arsenal95, exigiendo de la Isla unas prestaciones que ésta no podía atender.

Finalizando el siglo, en 1797, España volvería a guerrear contra los ingleses respondiendo al Tratado de San Ildefonso acordado con la República Francesa. El temerario enfrentamiento con los británicos estuvo a punto de tener graves consecuencias, pues tras el desastre de nuestra flota en San Vicente, el acceso a la Ínsula Gaditana había quedado libre para el enemigo quien, desde luego, aprovechó la ocasión y se acercó lo suficiente a las costas de Cádiz como para hostigar las poblaciones cercanas y ejercer un riguroso control sobre las naves hispanas98. La situación se agravaría cuando en los primeros días de julio los ingleses bombardearon en varias ocasiones la capital99, provocando la huida de la población a lugares aparentemente más seguros como la Isla de León100. En la Real Villa también se vivieron momentos de pánico al creerse inminente una invasión del enemigo, cuyas intenciones era quemar el Arsenal de la Carraca y el propio pueblo, según se decía vox populi y corroboraba el mismo ayuntamiento. Ante el temor de un desembarco inglés, y teniendo en cuenta la falta de recursos del Estado para repeler una acción de ese tipo, se dispuso la movilización del estamento civil isleño para la defensa de su propio suelo.

El peligro pudo ser conjurado por los marinos Mazarredo y Gravina tras la reorganización de la flota efectuada por el primero, quien, por cierto, había sido injustamente desterrado a Ferrol poco antes. La hazaña, circunscrita a las limitadas posibilidades españolas, sirvió para alejar al enemigo de las proximidades de la Ínsula, pero no pudo impedir el efectivo bloqueo inglés al comercio gaditano durante los años siguientes: Parecía que los ingleses habían fundado una ciudad movible/rente a la de Cádiz, según unas atinadas palabras de un historiador local104 originándose de esta forma unas gravísimas pérdidas económicas que acentuaron el declive de Cádiz imciado con la supresión de la Casa de Contratación por el Decreto de junio de 1790.

CAPITULO II

LOS ASENTAMIENTOS MILITARES

2.1.- LA FUNCIÓN MILITAR DE LA ISLA DE LEÓN

El rescate de la Isla de León del olvido en que había estado sumida durante siglos fue una de las consecuencias directas de la política naval de los Borbones. Esta política perseguía la creación de una Marina de guerra y de algunos arsenales, acordes con las necesidades militares de España como país dueño del más extenso imperio colonial del mundo. Imperio amenazado por Inglaterra, la mayor potencia marítima. Atrás debía quedar el viejo sistema -desechado ya por todos los países- de habilitación de barcos mercantes y de la compra o alquiler de navíos en el extranjero cuando se hacía necesario preparar una flota para la guerra. Para ello, era imprescindible disponer de una Marina propia, con naves construidas en astilleros nacionales y tripuladas por marinos profesionales'. La idea encajaba perfectamente con las tesis reformistas de algunos relevantes personajes ilustrados de la época como Patiño o Ensenada, conocedores de la realidad naval española, que, por cierto, era bastante pobre si la comparamos con la de otros países rivales de España, a los cuales no podíamos hacer frente en el mar. Esto era debido, precisamente, a la carencia de una armada capaz de atender con cierta eficacia a las colonias americanas y a la propia metrópoli. Un ejemplo claro lo vivió el primer Borbón en los tiempos en que se pretendió colocar en el trono español al Carlos austríaco, pues los hechos fueron lo suficientemente crudos como para alertar a los menos avisados: de la dinastía anterior no se había recibido ningún tipo de marina de guerra, porque no existía, y como consecuencia nuestro potencial, bastante exiguo, se reducía a veinte navios de combate frente a los cien presentados por los ingleses en las batallas navales de la Guerra de Sucesión.

El Intendente general de Marina, José Patiño, superó con creces la corta . visión tenida hasta esa época en materia tan importante para la defensa nacional como era la construcción naval autónoma. Las necesidades hispanas en este asunto no podían seguir dependiendo de la compra de barcos a genoveses y holandeses, como había sido costumbre, y por ello, se desarrolló un ambicioso programa sobre construcciones militares. Aparecieron entonces las primeras ordenanzas sobre arsenales, promulgadas en el primer cuarto del siglo a instancias del dicho intendente genera. De este proceso, salió beneficiada la Isla de León al elegirse el cercano y pantanoso islote de la Carraca para la ubicación del que llegaría a ser tan importante centro naval en el transcurso de la centuria. De esta forma, se inició el forjado del carácter de la Isla corno villa de fuerte función militar, perdurable aún en nuestros días.

Esto no significaba, en absoluto, la ausencia de industrias -o artesanías-navales en la Isla de León en todo el tiempo anterior a la decisión de Patiño respecto al Arsenal, pues en las riberas del caño de Sancti Petri -en las cercanías del Puente de Zuazo- existían unas instalaciones con el nombre de Real Arsenal del Puente Zuazo que disponía de un carenero para la reparación de las naves, ya fueran las destinadas al tráfico americano, o las pertrechadas por la Corona según las conveniencias militares del momento*'. Como apoyo a estas actividades se disponían a lo largo de las orillas del caño de una serie de almacenes y fábricas en donde se realizaban los trabajos de motonería, tejidos, jarcias, lonas y demás. Incluso se encontraban allí localizadas una iglesia y también un hospital, cuya vida, por cierto, fue de corta existencia. Fray Gerónimo de la Concepción sitúa en 1655 el inicio de las actividades de este pequeño centro industrial8, e incluso algún autor retrasa la fecha hasta finales de 1562.

Este Real Carenero del puente Zuazo alcanzó cierto apogeo entre 1717 y 1724 como consecuencia de la guerra de Sucesión, por lo cual fue necesario la construcción de ocho almacenes más aparte de los ya existentes. Pero como era de prever, los trabajos en este Arsenal del Puente Zuazo fueron disminuyendo al absorber paulatinamente el de la Carraca" sus funciones y así, el Real Carenero llegaría a cesar totalmente en sus actividades, como tal centro de reparaciones navales en el segundo semestre de 1779, perdiendo su carácter industrial siete años después, en diciembre de 1786. Sin lugar a dudas, el Real Carenero y las instalaciones anejas fueron el antecedente de la industria naval en la Isla de León, y aunque no tuvo la transcendencia poblacional para el lugar de otros eventos posteriores como el Arsenal de la Carraca o el traslado del Real Cuerpo de Marina, contribuyó, sin duda, a que el número de vecinos a mitad de siglo doblase con creces los trescientos citados por fray Gerónimo para finales del XVII, alcanzándose los seiscientos cincuenta.

La revitalización y mejoramiento de los planes de Patiño fueron obra de alguien tan conocedor del mundo naval español y de sus necesidades como el marqués de la Ensenada pues, no en vano, había sido comisario de Marina en Cádiz y Ferrol en-1728 y en 1733 respectivamente. Desde su- entrada en el gobierno -en donde encabezó varias secretarías- puso su empeño en lograr la creación de una Marina y la consolidación del proyecto sobre los arsenales, cuestiones presentadas a Fernando VI en 1748, como ya es sabido- La consecuencia inmediata fue la promulgación de un Real Despacho el 3 de octubre de 1752 impulsándose definitivamente las construcciones navales militares. El proyecto tomó tan inusitado vigor que en tan sólo un bienio, en los años 1752 y 1753, se invirtieron veinte millones de pesos en el empeño19, aunque el dinero no parecía importar demasiado. En lo que atañe a la Isla de León, por un momento, dicho proyecto estuvo a punto de no llevarse a cabo en ella, sino en la vecina Puerto Real, a pesar de lo ya invertido en la Carraca desde los tiempos de Patiño. Lógicamente, antes de decidir en materia tan grave, el marqués de la Ensenada consultó el asunto al capitán general de Marina de Cádiz, Don Juan José Navarro, marqués de la Victoria, quien en carta remitida al ministro el 13 de julio de 1750, dejó bien claras las ventajas ofrecidas por el primitivo proyecto del arsenal con respecto a cualquier otro susceptible de ser estimado.

Mientras las obras de la Carraca avanzaban a lo largo del XVIII respondiendo a varias modificaciones, la renacida Isla de León presentaba ya a mediados del siglo numerosos indicativos que confirmaban su desarrollo como consecuencia directa del Real Despacho de 1752. En efecto, la población cifrada en seiscientos cincuenta vecinos en 1752, pasaría a mil doscientos en 1761, delatando una clara concomitancia entre el Arsenal y la expansión de la Villa. Como consecuencia, los servicios ofrecidos en la Isla se fueron adecuando a las necesidades habituales requeridas por los militares, sus familiares y el personal destinado en la Carraca y en las instalaciones del Puente Zuazo. Así, por ejemplo, existían ya en 1761 treinta y nueve tiendas de comestibles, veintiuna mercerías, doce hornos de pan, y otros establecimientos. Incluso, la Marina mantenía un servicio de víveres para uso propio dotado de un director contador y de diecinueve dependientes. En cambio, sólo había dos maestros de primeras letras.

Muy posiblemente, al llegar la mitad del siglo, la Corona ya tenía preparado el futuro inmediato de la Isla de León ligándola definitivamente a la Marina de Guerra, todavía ubicada en Cádiz pero por poco tiempo, pues pasaría pronto a la Isla. La idea de trasladar el Real Cuerpo de Marina a la Real Villa existía desde 1651 pero nunca se llevó a cabo". Un siglo después, en 1750, estuvo realmente a punto de hacerse realidad de la mano de Ensenada, pero su caída y salida del gobierno hizo quedar en suspenso el proyecto durante diecinueve años más. Mientras, ante la realidad del rápido desarrollo presentado por la Isla y la entidad militar que alcanzaría en poco tiempo, Carlos III decidió su segregación de Cádiz, ciudad de la cual había dependido desde 1729 cuando su padre, Felipe V, la incorporó al realengo. Evidentemente, un alcalde mayor, un alguacil y tres ministros ordinarios ya no eran suficiente gobierno para una Villa en continua expansión24, sobre todo estando a punto de recibir varios miles de marinos de un sólo golpe. Por tanto, se creó un ayuntamiento para la Isla según establecía el Real Despacho fechado el once de enero de 1766, atendiendo a que no puede dilatarse por más tiempo la formación de ayuntamiento en la Isla de León. Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino por el contrario, se puso un especial cuidado en tener toda la información posible de la que sería villa por sí y sobre sí en dos consultas giradas en 1765 al gobernador de Cádiz, a su alcalde mayor y al de la Isla de León, pidiendo sugerencias sobre las personas idóneas para ocupar los cargos de regidores. El requisito indispensable a cumplir por estas personas era el ser vecinos de la misma Isla y de ningún modo de Cádiz. Al final, fueron ocho las elegidas, de las cuales una ocuparía el cargo de alguacil mayor y otra el de procurador síndico. El resto serían los regidores. En realidad, la mayoría de ellos habían estado mas o menos ligados al mundo de la Marina y del Ejército37, por lo cual se podría pensar que la relación entre los individuos electos y sus circunstancias no fueron fortuitas.

Tres años después de la constitución del ayuntamiento, en 1769, se hizo el pensado traslado de todo el Cuerpo de Marina, de Cádiz a la Isla, con lo que pudieron llegar a la Real Villa más de dieciséis mil personas entre batallones de marina, brigadas de diversas especies y mandos. A partir de ese momento, las críticas llovieron sobre la decisión del gobierno. Como ejemplo, citamos el popular, conocido y sarcástico comentario que corrió de boca en boca en aquel tiempo a causa del evento:

España, para aumentar -o mejorar- la Marina, la había internado dos leguas tierra adentro.

La apreciación -malévola, sin duda- quizá tuviera un origen gaditano si tenemos en cuenta las protestas, reclamaciones y súplicas elevadas al rey por la ciudad de Cádiz, no sólo en esta ocasión del traslado, sino mucho antes, en 1750, cuando el marqués de la Ensenada hizo públicas sus intenciones. En éste último año, Cádiz, su cabildo capitular, remitió un largo memorial al monarca exponiendo los inconvenientes a que se vería abocada la Marina si era mudada a la Isla y los perjuicios futuros para la ciudad, sus abastos y sus habitantes con el proyectado cambio.

Al quedar dormido el asunto durante casi veinte años tras la salida de Ensenada, no se volvió a presentar ningún otro memorial, pero cuando en 1768 la decisión de trasladar se hizo firme, se elevó otra representación al monarca en los mismos términos anteriores, aunque la respuesta obtenida por el cabildo gaditano de Carlos III no pudo ser más descorazonadora, pues el rey no había hallado suficiente causa para variar su resolución. Aunque la decisión pudiera estar tomada de antemano sin contar con la opinión de Cádiz, al gobierno no debió gustarle demasiado algunos aspectos de las arriesgadas argumentaciones hechas por los gaditanos, quienes insistentemente señalaban al rey como trans-gresor de las disposiciones vigentes sobre el establecimiento de nuevos pueblos en las proximidades de otros de existencia anterior.

La Marina, desde luego, no parecía haberse encontrado demasiado cómoda en Cádiz, pues en esta ciudad privaba el Ejército y poco quedaba para la Armada. Ello se desprende precisamente del memorial de 1750, en el cual el ayuntamiento gaditano mostró un repentino interés en solventar las desigualdades de trato respecto a los dos ejércitos, en vista de lo que se podía avecinar con el proyecto de Ensenada. Por ello, hasta ofreció invertir parte del lucrativo impuesto de las murallas en construir cuarteles -no existentes- para la tropa de Marina, sugiriendo de paso, una mayor convivencia, ausente, sin duda, tanto entre los oficiales de ambos ejércitos como entre los soldados, para una mejor comprensión entre ambos cuerpos militares.

Pero la política naval del momento parecía exigir una concentración de material y de efectivos en un punto geográfico concreto para así conseguir una mayor operatividad, por lo cual el traslado, como ya se ha dicho, se efectuó en 1769 a pesar de conocerse de antemano los grandísimos inconvenientes que, durante varios años, habría de vivir la Marina, sus dependientes y los familiares por la falta de infraestructura de la Isla de León para atender a tantos habitantes. El traslado supuso, desde luego, la consagración definitiva de la Isla como villa militar con vida propia, comenzando entonces su galopante desarrollo poblacional y económico. De aquí se comprende la gran oposición de Cádiz, que no parecía haberse sentido amenazada en demasía por la existencia del Arsenal, pero sí por el traslado de toda la Marina de Guerra., inserta a partir de entonces, además, en una villa con un concejo independiente, al cual, por tanto, no se podía manejar como en otros tiempos. El capitán general, marqués de la Victoria, gran valedor de las tesis isleñas, se despidió del cabildo gaditano el trece de abril de mil setecientos setenta y pasó a su nueva sede de la Isla de León- Se había consumado el cambio.

Además, en Cádiz existían otras importantes dependencias por trasladar aparte de las unidades estrictamente relacionadas con la soldadesca. Una era la academia de oficiales y la otra, el observatorio astronómico. La primera, creada en 1717 por José Patiño con el nombre de Real Compañía de Caballeros Guardiamarinas, usaba como centro de enseñanza desde 1719 una parte del medieval castillo de Cádiz que, en la fecha del traslado de actividades resultaba ya bastante incómodo, e incluso peligroso, para los jóvenes que realizaban allí sus estudios, aunque el lugar elegido de momento en la Isla no mejorase en demasía a lo dejado en la capital. Una vez desaparecida la academia, el castillo dejó de llamarse de Guardiamarinas, para pasar a sec en exclusividad castillo del Observatorio pues en él tambn estaba ubicado el importante centro científico. Este no fue trasladado a la Isla de León hasta 1797, una vez concluidas las obras del actual edificio del Observatorio de Marina.

Para completar la idea reformista que animó el traslado del Real Cuerpo a la Isla de León, faltaba aún la consecución de lo considerado como fundamental en el proyecto: la construcción de una ciudad militar que concentrase en su término todas las dependencias necesarias para el buen funcionamiento de la Marina. Para ello se escogió un paraje en terrenos de la Isla situado lo más cerca posible del islote de la Carraca donde se asentaba el Arsenal. Se aceptó como mal menor el inevitable escollo del caño de Sancti Petri separador natural de ambos centros castrenses. Desde luego, la ciudad militar se había hecho del todo indispensable, pues transcurridos seis anos desde la materialización del traslado de la Marina, los militares seguían sufriendo las incomodidades de una villa no acondicionada para la función a la que había sido destinada y lo peor es que nada podía hacer para estarlo por la falta de infraestructura. Así, por ejemplo, la academia de oficiales cambió de ubicación varias veces dentro de la Isla, en busca de un lugar idóneo para impartir las enseñanzas castrenses. Algo análogo le ocurrió a la capitanía general y a otras unidades militares. Todos estaban a la espera de un acomodo definitivo. Por fin, el 7 de abril de 1775 se firmó la escritura de compra de los terrenos elegidos, comenzando las obras en enero de 1779. En 1786, cuando se aprobaron los planos y proyectos, se decidió que la ciudad o nueva población tomase el nombre de San Carlos en honor de Carlos III, el monarca reinante. A partir de entonces, las vicisitudes vividas por la construcción de la ciudad militar hizo que las obras siguieran un ritmo muy desigual, debido a la decadente situación económica del país iniciada a finales del XVIIL En el último decenio del siglo todavía se estaba trabajando en la iglesia parroquial militar y en un cuartel de batallones

El impacto poblacional vivido en la Isla de León por el traslado de las tropas de Marina fue de una gran importancia -como se muestra en el gráfico.

El número de habitantes aumentó extraordinariamente en un cortísimo espacio de tiempo y consecuentemente, se generaron todo tipo de problemas. Estos problemas no hicieron sino crecer con el paso de los años, con lo cual la vida cotidiana se hizo cada vez más difícil. Así lo denunciaba el síndico personero en agosto de 1775 al resto del cabildo de la Villa, señalando como motivo el que se había triplicado el número de vecinos hasta 22.000 personas desde 1769. Aunque el número de habitantes no se detuvo en esta cifra, sino que continuó ascendiendo mucho más, hasta alcanzar cantidades impensadas. Así, en 1787 eran treinta y dos mil doscientas treinta y dos las almas residentes en la Isla, sin los pasajeros y los huéspedes que no es éste el menor número como diría el alcalde mayor. Algo más tarde -ya entrados los noventa- el ayuntamiento elevó una representación al Consejo de Castilla, en donde se fijaban en cincuenta mil, o quizás más, el total de moradores en el término municipal de la Isla incluyendo a los componentes de la Real Armada48; la cantidad podría parecer exagerada, pero contemporáneos como Antonio Ponz o la corroboran o se acercan a ella. Sorprende que estas cifras de población para la Real Isla, queden ignoradas o no suficientemente investigadas por algunos autores.

Tan elevado número de gentes, la industria naval, los marinos con sus actividades y el buen momento económico del país, hicieron que la segunda mitad del XVIII fuera sin ningún género de dudas, la época dorada de la Real Isla. El apogeo alcanzado en esa época no sólo afectó a la población, sino también al aspecto laboral, pues de los varios cientos de extranjeros residentes en la Isla en ese tiempo, un considerable número de ellos, especialmente los procedentes de la península itálica, habían inmigrado a la Isla de León para trabajar mayormente en las labores agrícolas, desdeñadas por los isleños al tener ahora empleos mejor remunerados51. Llegado el diecinueve y sus crisis, toda la prosperidad anterior se esfumaría de la Isla y hasta la mitad del actual siglo veinte no se volverían a alcanzar cifras de población análogas a las de finales del Siglo Ilustrado. Curiosamente, el número de habitantes de la Isla de León obedece, desde 1700 hasta nuestros días, a un fenómeno repetitivo de alzas y bajas52 en donde los declives corresponden siempre a los primeros cincuenta años de cada siglo y los puntos más elevados a las segundas mitades de los mismos, según se muestra en el gráfico siguiente. Es mas, en el siglo veinte se sigue un extraño paralelismo con los parámetros del Setecientos, aunque debido, desde luego, a causas distintas.

2.2.- EL ACOMODO DE LAS TROPAS DEL EJÉRCITO

La razón de existir de la Isla de León, como hemos visto, estuvo basada en I., presencia de la Marina y en las actividades industriales del Arsenal de la Carraca, aunque esto no supuso que la función militar de la Villa quedase limitada en exclusividad al ámbito naval. De hecho, y desde tiempos anteriores al establecimiento de un ayuntamiento independiente y del traslado del Real Cuerpo, el Ejército también hizo uso de la Isla, si no como centro de operaciones permanente -intención de la Marina- sí como lugar de asentamiento provisional de las tropas que hacían estación en la Villa en su tránsito hacia Cádiz, o desde esta ciudad a otros lugares. Una excepción a esta provisiónalidad era el pequeño reducto de veinte hombres -bajo el mando de un oficial- dedicado a funciones de escolta de caudales o personas, cuya presencia en la Isla podía ser considerada como fija. Eran los llamados «resguardos de las conductas».

No obstante, las tropas del Ejército fueron estacionadas en la Isla por periodos de tiempo más o menos dilatados, cuando las razones de seguridad nacional así lo requirieron para salvaguardar la Ínsula Gaditana de las eventuales invasiones que se podían producir a causa de nuestra política exterior. Quedaba claro que los ilustrados no olvidaban las anteriores experiencias con Inglaterra, nuestro tradicional enemigo. Ahora bien, mientras se habían facilitado todas las providencias de buen régimen para la subsistencia de tan vasto vecindario en palabras del síndico personero refiriéndose al acomodo de la Marina en la Isla, las ocasionales e imprevistas llegadas del Ejército trastornaron por completo la vida de la Villa. Entre otras cosas, porque la Marina había puesto en funcionamiento la infraestructura necesaria para su propio gobierno y en cambio, las tropas del Ejército destacadas en la Villa carecían de todo lo imprescindible para subsistir, al encontrarse separadas de sus unidades de origen. Esto forzó al ayuntamiento isleño -como a tantos otros en España- a proveerlas de alojamiento, víveres y utensilios para los hombres, así como de estancias apropiadas y paja para los animales. ¿Hasta qué punto debería llegar la colaboración isleña con las necesidades del Real Servicio? Al parecer debería ser total, ya que no sólo habría de circunscribirse a lo rutinario, sino a mucho más debido a la presión ejercida por los intendcntes en favor de los militares. Uno de ellos, después de hacer relación de los servicios a prestar por la Villa, añadía un indeterminado y peligroso que no les falte de nada.

El gobierno determinaba en qué momento de su política exterior era necesario defender la Ínsula Gaditana con soldados del Ejercito. Cuando una decisión era tomada en este sentido, la orden se comunicaba a la capitanía general y ésta, a su vez, pasaba al cabildo isleño la noticia de la inmediata llegada de tropas. Por ello, las apariciones de militares del Ejército en la Isla tuvieron siempre un cariz sorpresivo para el ayuntamiento. El número de efectivos castrenses enviados a la Villa respondería, teóricamente, a la magnitud e inminencia del posible peligro de invasión, pero también, a las disponibilidades económicas del Estado. Así, la vez en que más soldados hicieron acto de presencia en la Isla fue en 1770, cuando, a causa del incidente de las Islas Malvinas, nuestra Nación se encontró sola ante Inglaterra tras la traición francesa al Tercer Pacto de Familia. En ese año llegaron a la Isla, entre la cabal lena y la infantería un total aproximado de mil cuatrocientos hombres y setecientos caballos, sin contar los mandos superiores, cantidad quizá aparatosa, pero reveladora en todo caso de los temores vividos en ese tiempo.

Estos temores fueron mayores en 1797, cuando el peligro de invasión peinarte de los británicos fue mucho más real que en 1770. La Ínsula se vio asistida otra vez por las tropas del Ejército, aunque en esta oportunidad, los indicios apuntan a una presencia militar menor a otras ocasiones, a pesar de estarse viviendo una guerra en firme contra el inglés y no un posible conflicto como cuando las Malvinas. El asunto se veía agravado al encontrarse el enemigo en las cercanías de la Insula, dispuesto a vengarse de España por su antinatural coalición con la Francia revolucionaria, sellada por el Tratado de San Ildefonso. Pero en esta guerra de fin de siglo, nuestra Nación no parecía disponer más que de unos recursos muy limitados a causa de la severa crisis reinante en el país, provocada por una economía resentida y una hacienda deficitaria.

Evidentemente, un número corto de soldados profesionales destacados en la Isla, poco podrían hacer frente a la contingencia de una invasión. Por tanto, había que buscar otra solución para solventar el problema de la defensa de la Ínsula, pero no se encontró otra que implicar directamente al pueblo en la cuestión, para lo cual se tuvieron preparados dos mil fusiles -por cierto, reparados- a repartir entre igual número de voluntarios isleños''', quienes deberían estar dispuestos a luchar contra el invasor con una dotación de seis cartuchos por fusil. Asi, la extraña mezcla de militares y voluntarios isleños, quedó a la espera de la temida e inevitable irrupción británica en suelo isleño, según tenía asumido el despavorido pueblo.

La desgraciada operación militar destinada a la conquista de Argel de 1775, hizo aparecer también al Ejército por tierras isleñas aunque en una cantidad bastante reducida, pues sólo noventa dragones fueron estacionados en la Real Villa para esa ocasión. Quizá no se esperaban repercusiones importantes de las acciones castrenses proyectadas en el norte de Africa, pero también es verdad que después del ingente número de soldados empleados en la operación africana -veinte mil hombres según algunos autores- no quedasen demasiados militares disponibles en los alrededores para defender la Ínsula.

Cuatro años más tarde, la pretendida conquista de Gibraltar comenzada en 1779 requirió un extraordinario esfuerzo militar, tanto por el lado de la Marina como por el del Ejército. Esto significó, como era previsible, una fuerte implicación indirecta en el conflicto de la Real Isla. La Villa observó atónita cómo su término municipal era utilizado como si de un enorme campamento castrense se tratara. En el tiempo de la campaña, las unidades militares se sucedieron en el suelo isleño con ese dinamismo que pareció imprimir a todo el país la idea de arrebatar la Roca a los ingleses. Los soldados llegaban, permanecían un tiempo en la Isla y marchaban al Campo de San Roque en pos de la victoria sobre los británicos. Infantería de diversos orígenes, caballería de varios tipos, regimientos de milicias, escuadrones de voluntarios y otros cuerpos militares llenaron la Isla entre 1779 y 1783, ocasionando problemas de toda índole, así como un gravísimo trastorno en la endeble infraestructura alimentaria de la Villa, llegándose al punto de originarse una importantísima crisis en los abastecimientos. Crisis a la que no fue ajena en absoluto la Marina, inmersa en ese tiempo en una frenética actividad mucho mayor a la del Ejercito, pues estaba enfrascada de lleno no sólo en las operaciones militares, sino también en la reparación y acondicionamiento de naves y en el desarrollo de nuevos artefactos bélicos fabricados en el Arsenal de la Carraca, como las célebres lanchas cañoneras.

El principal problema encontrado por el ayuntamiento de la Real Villa para alojar a esas tropas del Ejército que periódicamente acantonaban en ella, era simplemente, no disponer de un lugar para aposentarlas, ni siquiera medianamente apropiado. Una solución fácil hubiera sido repartir la carga entre la población pechera de la Isla, pero ocurría que tal estrato social era de muy escasa consideración comparado con el resto de los habitantes, exentos de tales obligaciones por una razón u otra.

Los ediles isleños intentaron no molestar en demasía al bajo estamento de los no privilegiados, aunque luego, en la práctica, fue irremediable el hacerlo. De todas formas, las tropas, en el número en que fueron llegando a la Isla, no habrían podido ser absorbidas por los pecheros aún en el caso de existir gran número de ellos, pues, por ejemplo, intentar que los menestrales dieran alojo a los más de mil cuatrocientos soldados -y a sus animales- acantonados en la Isla durante los sucesos de 1770, habría sido, cuando menos, absurdo, aunque, eso sí, los pecheros quedaron encargados de aposentar a los oficiales en esa oportunidad. Fue precisamente en este último año, con la ocasión del gran asentamiento de tropas a cuenta de las Malvinas, cuando el ayuntamiento tuvo la oportunidad de establecer las bases para futuros alojamientos ante la evidente incapacidad isleña de dar cabida a los soldados del Ejército, pero no se hizo. Ante la súbita llegada del enorme contingente de tropas que, como hemos dicho, causó gran sorpresa en la Villa, el concejo decidió como solución inmediata -quizá la única válida en ese momento- incautar las caserías sitas en el término municipal para así poder dar cobijo a los militares. Lo lamentable fue que nadie se planteó en ningún momento la irrepetibilidad de tal solución de emergencia en el futuro, como así ocurrió.

Las caserías eran haciendas de corta extensión que integraban los conceptos de vivienda, huerta y jardín. Construidas por los potentados de Cádiz para su descanso y recreo desde siglos atrás, eran, más que nada, signos externos de la desahogada posición económica de esa rica burguesía de la capital, que había hecho de la Isla su Aranjuez, como dijo acertadamente, un cronista gaditano en el siglo XVII72. Cuando los regidores de la Villa decidieron confiscar las caserías en 1770, ya se había superado la época estival y la mayoría de ellas se encontraban libres, con lo cual las inspecciones realizadas para elegir las más apropiadas no presentó inconvenientes.

De entre todas ellas, se seleccionaron catorce caserías para dar cobijo a las tropas de caballería e infantería próximas a arribar a la Isla. Como era lógico, con anterioridad se había solicitado la aquiescencia de los propietarios, resaltándose la importancia de la prestación que se realizaba a la Patria y, aparentemente, ninguno de ellos presentó problema en ceder sus fincas en favor del Real Servicio. Tan sólo con una de dichas caserías hubo de seguirse un procedimiento especial al haber sido propiedad de la Compañía de Jesús y encontrarse en ese momento incautada por el Estado. El gobernador de Cádiz, y presidente de la Junta Municipal, no presentó reparo alguno para su uso, aunque impuso algunas limitaciones.

La labor del municipio fue, desde luego, ardua y difícil, pues el asentamiento de 1770 se producía a escasos meses de la llegada del Real Cuerpo de Marina desde Cádiz. La diferencia entre ambos acantonamientos radicaba en que la venida de la Marina había sido conocida con suficiente antelación por el cabildo y su acomodo se produjo sin demasiadas dificultades y así siguió durante muchos más. Por el contrario, las llegadas del Ejército eran siempre anunciadas con cierta prisa, y el margen de tiempo disponible para solventar los escollos era, como máximo, de días. Por tanto, el ayuntamiento se vio obligado a resolver siempre con precipitación el hospedaje de las tropas, quedando en más de una oportunidad atrapado entre las conminatorias órdenes recibidas de la intendencia sevillana v la realidad obvia de no tener dónde colocar a los soldados. Así ocurrió, por ejemplo, en el verano de 1781, cuando el Cerco a Gibraltar estaba en su apogeo y el gobernador de Cádiz insistía ante la Villa para obtener alojamiento para dos batallones de infantería, sin atender a las razones del concejo isleño acerca de la imposibilidad de hacerlo.

En 1770, once años antes de los sucesos de Gibraltar, la situación era bien distinta y a pesar de las urgencias mostradas tanto por el capitán general del Ejército corno por el asistente de la provincia, alcalde y regidores supieron maniobrar con habilidad y tacto. Ciertamente la Villa colaboró de forma extraordinaria con las necesidades del Real Servicio sin mostrar ninguna clase de agobios. No en vano, no era la primera vez que recibía un encargo de tan importante trascendencia, pues se contaba con la experiencia de haber instalado, meses antes, al Real Cuerpo de Marina en la Isla, y, sobre todo, había deseos de cumplir bien con esta misión, aunque las características presentadas por el acantonamiento del Ejército eran bastante diferentes a los de la Marina. Así, obedeciendo las órdenes recibidas, se realizaron todas las obras necesarias para acondicionar las caserías a la función a la cual iban a ser destinadas, haciendo las modificaciones esenciales en todas aquellas elegidas para albergar a la caballería. Se puso un especial cuidado en agrupar y situar las unidades de caballería en las afueras de la Isla para evitar, en lo posible, molestias al vecindario- Además se le separó de la infantería v ambas, de las unidades de la Marina.

El éxito municipal en la resolución del problema del alojamiento en 1770, alcanzó gran resonancia incluso a nivel del Gobierno y, una vez superadas las tensiones con Inglaterra, empezaron a llover los agradecimientos oficiales. El primero llegó del capitán general de Andalucía, marqués de Venmarck, quien desde su puesto de mando en el Puerto de Santa María había seguido con complacencia las acciones del cabildo isleño; no sólo felicitó al ayuntamiento, sino además, hizo saber al monarca su satisfacción personal. En adición, y por el éxito en la gestión, recomendaba condecorar al alcalde mayor de la Isla. Meses más tarde, el secretario de Estado y del Despacho Universal de Guerra mostraba el reconocimiento de la Corona a la labor realizada. AI mismo tiempo, en la Chancillería de Granada, se trabajaba en la concesión del título de ministro togado a dicho alcalde mayor, en atención a su mérito talento en el alojamiento de las tropas.

Pero los parabienes encubrían una realidad bien distinta y a partir de este acantonamiento de 1770 las cosas marcharon de forma muy diferente. El éxito obtenido se debía, por supuesto, a la gestión del alcalde mayor y de los diputados municipales, pero también a la favorable disponibilidad de los dueños de las caserías en ceder sus habituales lugares de recreo. En vista de los perjuicios materiales sufridos en sus propiedades a raíz de la estancia de las tropas, el Real Servicio no encontraría nunca más la gentileza mostrada en 1770 con dichas caserías. Por desidia o por otras razones,  ayuntamiento fue incapaz de recomponer las propiedades a su estado original, provocando el enojo de los grandes de Cádiz. Es significativo el silencio observado en las actas capitulares isleñas respecto a nuevas cesiones incondicionales de caserías a partir de este gran acantonamiento de 1770.

La cuestión no quedaría ahí, pues si el rechazo de la clase social gaditana al alojo de los militares era patente, el del otro extremo de la .sociedad, el de los pecheros isleños, llegó a ser absoluto. Mientras los primeros podían eludir sin ningún tipo de embarazo, y sin consecuencias legales para ellos, el engorro de ceder sus propiedades al Ejército, los segundos no se encontraban en la misma situación. Por ello, los menestrales de la Real Isla, agudizando su ingenio, encontraron la única solución posible para evitar en el futuro ser forzados anfitriones de huéspedes no deseados. Así, decidieron de forma radical reducir sus viviendas en tal manera, que los espacios habitables se concretasen a lo mínimo necesario para los requerimientos de cada familia, renunciando a todos aquellos lugares desocupados o de desahogo, .susceptibles de ser intervenidos en ulteriores asentamientos del Ejército. Desde luego, pudo incidir también en el asunto la gran subida experimentada en los alquileres de las casas por la demanda producida tras la llegada del Cuerpo de Marina, aunque la documentación manejada no hace cita alguna al respecto.

Las repetidas alusiones a la voluntaría reducción en las viviendas hechas en los cabildos municipales, reafirman la idea de un acuerdo tácito de la clase social isleña más baja, para evitar el hospedaje de militares. Este enorme sacrificio impuesto por los más humildes a sus vidas, hubo de responder, necesariamente, a hechos, actitudes y tropelías de los militares durante los meses de estancia en la Isla de León, pues, de no ser así, no se entendería la unánime actitud adoptada ante el problema del alojamiento- En el fondo, aunque no en la forma, se coincidía plenamente con la posición de los ricos dueños de las caserías. Es más, aunque no hay constancias escritas sobre incidentes causados por la tropa o sus mandos, una representación del síndico personero en 1775 al pleno municipal lleva a pensar en la existencia de tales problemas, pues como consecuencia di. ellos, hubo más de una algarada popular al respecto.

No obstante, cuando llegaron los noventa dragones en 1775, todavía si hizo uso de alguna casería, pero extremando el ayuntamiento las precauck' nes para en lo posible, no vejar a este vecindario. Habían hecho mella en el concejo isleño tanto las quejas de los pecheros como las reclamaciones por daños de los burgueses gaditanos. En sucesivas ocasiones, el cabildo hubo de emplear otras alternativas de alojamiento menos cómodas para las tropas, como fue el ubicarlas en almacenes de propiedad privada, en el mesón de la Villa, en viviendas de algunos particulares dispuestos a hacer negocio, o en simples barracas, no apropiadas ni para los animales. Lo cierto es que un año después de la llegada de los dragones con motivo de la campaña de Argel, todas las puertas habían quedado cerradas.

Por esta razón, poco pudo ofrecer el ayuntamiento isleño al director general de la Armada, cuando éste anunció a la Villa la inmediata entrada de tropas procedentes del Ejército destinadas a nutrir las de los Batallones del Real Cuerpo, escasas de personal por la falta de atractivo que la Marina, y en general, la vida militar, tenia para los españoles del siglo XVIII. Cuando en diciembre de 1776 los soldados que se habían anunciado -más de mil hombres- aparecieron por la Isla de León, el director general de la Armada solicitó para ellos el mismo lugar ocupado por la tropa de infantería en el tiempo del acantonamiento de 1770, pero ello no fue posible: el ayuntamiento lo estaba usando como almacén para guardar ocho mil fanegas de trigo.

En realidad, en ese momento los alojamientos disponibles en la Isla eran muy escasos y se reducían a dos almacenes, una cochera y unos pajares, tres habitaciones en el mesón y otras tres en una vivienda particular, necesitada por cierto, de profundas reparaciones. El desbordado ayuntamiento tan sólo pudo disponer para paliar el problema que los alarifes y obreros trabajasen día y noche, en un intento de quedar a la altura de las circunstancias95. Apenas dos años después, la cuestión se agravaría aún más con la llegada de otro contingente de militares destinados al mismo fin del anterior9''. Primeramente se les alojó en el mesón de la Villa en donde permanecieron trece díasli7, para ocupar a continuación diversos alojamientos en espera de encontrar acomodo definitivo en la Ciudad Militar de San Carlos, todavía en embrión, adonde no pudieron iniciar su traslado hasta la primavera de "1794.

A pesar de este problema presentado con las tropas venidas para engrosar los batallones de Marina, los componentes del Real Cuerpo disfrutaron en la Isla de una cierta estabilidad en sus alojamientos, mejor acondicionados -dentro de su inadecuación- a los asignados al Ejército. Así, en 1789, aunque desparramadas las fuerzas por el término municipal de la Villa, existió una cierta coherencia y concentración en los alojamientos. Por ejemplo, los batallones fueron localizados en el castillo señorial del duque de Arcos; la artillería, estuvo situada en el otro lado del puente Zuazo, aprovechando algunos locales del extinto Real Carenero, mientras que los almacenes de la provisión de víveres quedaban muy cercanos a la Nueva Ciudad militar en construcción. Por su parte, la Academia de Cuardiasmarinas era ubicada en un lugar aceptable, próximo al camino real.

En cambio, los oficiales y demás mandos de la Marina, especialmente aquellos con familiares a su cargo, se encontraron con un problema muy distinto al de las tropas, aunque relacionado también con el del alojamiento. A resultas de la llegada del Real Cuerpo, como ya hemos indicado, la especulación se disparó y las viviendas de la Isla sufrieron un importante incremento en sus arriendos'™, aprovechando la ineludible obligación de los marinos de residir en ella. Ante la abusiva situación que colocaba el precio de los alquileres muy por encima del valor acostumbrado, las protestas no se hicieron esperar y pronto el Consejo de Castilla tomó cartas en el asunto, señalando el derecho de los marinos a habitar las casas al mismo precio que tenían antes de su llegada a la Real Isla,  aunque seguramente, la disposición del Tribunal no surtiría efecto alguno.

LOS PROBLEMAS DEL AYUNTAMIENTO

3.1.- LOS ARRENDAMIENTOS.

El alojamiento de las tropas del Ejército que temporalmente hicieron presencia en la Isla de León a lo largo del siglo XVIII, creó numerosos problemas al ayuntamiento por no disponerse de una infraestructura acorde con las necesidades del Real Servicio en cuanto al acomodo de los soldados se refiere. El problema, desde luego, no se circunscribía exclusivamente a la Isla y, en realidad, afectaba a cualquier villa o ciudad de España. La solución tomada en la mayoría de los casos era bien sencilla, pues, al fin y al cabo, y atendiendo a la estructura social de la época, siempre existió un estamento -el carente de privilegios- obligado a dar alojo en sus viviendas a los militares. Estos huéspedes forzosos eran, en la mayor parte de los casos, los componentes de la escala de mandos, porque la tropa, por el contrario, era ubicada en cualquier sitio habilitado al efecto.

Aunque presentado así de simple, el albergue de la tropa no resultó tan sencillo en lugares como la Isla de León, debido a una peculiaridad de la población isleña que complicaba bastante el reparto de las cargas: abundaban las personas exentas de obligaciones por sus relaciones directas o indirectas con el Real Cuerpo de Marina. Es decir, en el caso de la Isla el número de privilegiados era desproporcionado con respecto al de los menestrales. Conociendo este aspecto, el ayuntamiento podría haber previsto en donde acuartelar a la caballería y a la infantería cada vez que aparecieran por la Isla, con tal de no sobrecargar a los pecheros. Sin embargo, el asunto no era de fácil solución porque no abundaban, ni mucho menos, edificios desocupados susceptibles de ser usados como cuarteles temporales, particularmente después de la llegada de la Marina. La Isla era una villa en un proceso continuo de crecimiento -sobre todo a raíz del traslado de la Marina- en donde las construcciones de edificios no se podían ajustar a las necesidades porque la gran demanda de viviendas sobrepasaba en mucho a la oferta. Otros lugares de los alrededores no encontraban dificultad alguna en disponer de lócala almacenes o de mansiones enteras para acomodar a las tropas cuando la ocasión asi lo requería. Pero en la Isla las circunstancias eran diferentes y a lo más que pudo llegar el concejo local fue buscar soluciones sobre la marcha para cobijar hombres, pertrechos y animales.

De todas formas, éstos resultaban nimios a los dirigentes de la Nación, y cuando fue necesario enviar tropas a la Isla para cubrir alguna contingencia lo hicieron sin pensar en el problemático alojamiento de los sol dados. El asunto correspondía al ayuntamiento y era éste el que habría de solventarlo. Por ello, ante la escasez de soluciones, el concejo isleño se vio obligado a tomar medidas de urgencia cuando en 1770 se presentaron casi de improviso las unidades del Ejército. La alternativa elegida, la incautación de las caserías, fue aceptable para ese momento en el que la guerra parecía inminente con Inglaterra, y debió ser la señal indicadora de que la Isla necesitaba unos lugares habilitados permanentemente para colocar a la tropa, pues esa solución adoptada -provisional sin duda- no podía repetirse indefinidamente.

Después del setenta, el ayuntamiento debería haber promovido algún tipo de acción para arreglar el problema del alojamiento de los soldados, pero no lo hizo. Y todo ello, a pesar de la oportunidad presentada para la construcción de unos cuarteles en tiempos del intendente Olavide, aspecto que presentaremos más adelante. Además, en el municipio concurrió una circunstancia que solamente sirvió para complicar el problema, pues la inhibición de sus responsabilidades respecto a los compromisos adquiridos con aquellos individuos que cedieron sus propiedades "por dinero o graciosamente- para el acomodo de los soldados del Ejército, empeoró seriamente la situación. Esto se convirtió a corto plazo en numerosas fuentes de protestas, solventa das, casi siempre, de mala manera por ediles isleños. Así, cada vez que concluía un acantonamiento de tropas surgían las discrepancias, presentandc reclamación en contra del ayuntamiento algunos propietarios de caserías, de viviendas., de almacenes y de otras dependencias, incluido el único mesón de la Villa y también, por supuesto, los menestrales.

De todas las veces en que los soldados hicieron estación en el suelo de la Isla, el gran acantonamiento de 1770 fue el de menos consecuencias secundarias para el Concejo local. Había quedado clara una cuestión desde el principio: la cesión de las caserías se hacía en obsequio del Real Servicio. Todo pa recio ir bien, pues aunque se hicieron grandes reformas en muchas de estas casas de recreo, prácticamente no se presentó ninguna objección respecto a ulteriores reparos, a pesar de las grandes modificaciones sufridas por más de una y por los destrozos efectuados por la tropa en muchas de ellas''. Pero una cosa era el no presentar quejas y otra volver a ceder las caserías. A partir de entonces, y ante la experiencia vivida, los dueños se limitaron a no facilitar nunca más sus propiedades, salvo en algunos casos aislados. Este acantonamiento de 1770, después de todo, fue casi perfecto en el asunto de los alojamientos., pues se tuvo en cuenta hasta e! posible perjuicio económico de los colonos de algunas caserías arrendadas. Así ocurrió con aquellos bienes pertenecientes a la Compañía de Jesús pocos años atrás y que el Estado había alquilado después de haberse hecho cargo de ellos. En esa forma .se encontraba la casería de Cetina, es decir, arrendada, antes de la llegada de las tropas. Esta casería fue una de las elegidas para alojar a parte del regimiento de Calatrava y, por tanto, fue necesario confiscarla, con lo cual el arrendatario habría de dejarla libre- El gobernador de Cádiz, basándose en una orden del Real Consejo, tuvo en cuenta los posibles daños económicos a que quedaba sometido esta tercera persona y ordenó al ayuntamiento el pago de un arriendo6. Por ello, se hubo de abonar ocho meses de alquiler más la puesta en servicio de dicha casería para volverla a la habitabilidad en que se encontraba antes de la ocupación de la misma por parte de las tropas. No obstante, en el altruismo exhibido por los potentados gaditanos con sus caserías surgió una nota discordante, que quizá resultaba más extraña por provenir de un juez de Cádiz. Este, enterado del caso de la casería de Cetina, presentó una protesta para obtener compensación económica sobre los perjuicios ocasionados en su propiedad de Casa Grande, a lo cual el ayuntamiento contestó de forma airada indicando que las veces que las tropas de S.M. han estado acantonadas nunca se ha pagado arrendamiento alguno. Sólo se hizo en el caso de Zetina por haber mediado una orden del gobernador.

Después de 1770 la disponibilidad de las caserías desapareció. El ayuntamiento, por tanto, se vio en la necesidad de encontrar otros lugares idóneos para acomodar a las tropas y se fueron consiguiendo entre los particulares dispuestos a hacer negocio, los pocos almacenes y edificios inservibles susceptibles de ser aprovechados. La cuestión se hacía más difícil al acrecentarse el rechazo de las gentes a admitir obligados huespedes en sus viviendas particulares. Los munícipes, desde luego, intentaron solventar los problemas de alojamiento de cualquier forma posible cerrando los ojos a cualquier tipo de responsabilidad posterior. Siguiendo ese camino, se concertaron unas condiciones de arrendamiento con los propietarios que más tarde no fueron observadas. La falta de responsabilidad municipal en cumplir con los compromisos contraídos generaron las lógicas protestas, aunque el ayuntamiento no atendió a ninguna de ellas usando casi siempre como argumento el carecer de potestad para disponer de los fondos municipales. Así, los reclamantes eran sistemáticamente desviados hacia estamentos superiores como el director general del Real Cuerpo de Marina, el gobernador de Cádiz o el Consejo de Castilla. Todo ello redundó en claro perjuicio de aquellos individuos dispuestos a colaborar con las necesidades del Real Servicio, cediendo o alquilando sus propiedades. Aunque, desde luego, el mayor afectado de la política del ayuntamiento fue el mismo Real Servicio.

Precisamente, un asiduo colaborador de la municipalidad en estos menesteres del alojo de las tropas, resultó ser uno de los primeros perjudicados por la falta de seriedad del concejo isleño. Este cooperador poseía varios locales en la Isla y estaba acostumbrado a cerrar tratos con el ayuntamiento para el acopio de grano en sus almacenes. Así, se mostró presto en consentir el ac ceso a sus propiedades de esos soldados de los regimientos de Guadalajara , Valladolid transferidos del Ejército a la Marina, en vista del apuro de la Villa fuertemente presionada por las autoridades militares". Cuando llegó el momento de solicitar el pago de sus servicios, el alcalde mayor se zafó del compromiso adquirido anteriormente indicando que la retribución debería realizarla la Marina, pues sólo a ella pertenecían los soldados. El arrendador par<i conseguir lo pactado no tuvo más remedio que enviar un oficio al Director General de la Marina.

Un caso lamentable fue el de un alfarero, también propietario de un almacén en donde se había alojado tropa de infantería durante cuarenta y cinco días, cuando los sucesos de la Guerra de Gibraltar. Sus escritos no tuvieron ningún éxito a nivel municipal y como última solución, se le remitió al Consejo de Castilla en caso de querer cobrar los trece pesos y medio que le debía la Villa. Desconocemos si llegó a conseguir lo adeudado por el municipio, pero posiblemente desistiera de ulteriores y complicadas gestiones administrativas ante la escasa cantidad a percibir.

La actitud de los regidores isleños colocó al ayuntamiento en situaciones desairadas cuando alguno de los perjudicados supo exactamente qué hacer y a quién dirigirse, sin importarle demasiado el tiempo tomado por la burocracia del Estado en la resolución de las reclamaciones. Un vecino «privilegiado» de Cádiz -uno de tantos con inversiones inmobiliarias en la Isla- al tener en desuso su casa isleña, aceptó se emplease como cuartel en el tiempo de la Guerra de Gibraltar. Terminada la contienda, advirtió las malas condiciones en que le había sido devuelta y no dudó en exigir la restauración de la vivienda a las mismas condiciones anteriores. A la vez, exigía el abono de algún tipo de arrendamiento por todo el tiempo en que su propiedad estuvo cedida.

La pretensión pareció correr el mismo destino que la del alfarero, pues lo máximo obtenido del Concejo local se reducía a una destemplada remisión al Consejo de Castilla en cuanto a los alquileres se refería, notificándosele la imposibilidad de conseguir el arriendo completo pues, en todo caso, se pagaría sólo un cincuenta por ciento, al estar la casa vacía mucho tiempo. Si quería resarcirse de los daños sufridos en su vivienda, no tendría más remedio que dirigirse a las unidades militares alojadas en ella durante el tiempo de la hostilidades. Las tropas, como indicaba el mismo ayuntamiento, habían sido las pertenecientes a los regimientos de Napóles, Murcia, Princesa, Voluntarios de Cataluña, Burgos, más un indeterminado y otras tropas. Pero el reclamante no se amilanó ante semejantes contrariedades y no tuvo inconveniente en dirigirse al Consejo de Castilla exponiendo lo injusto de su caso. Hubo de esperar dos años completos para recibir alguna resolución del Supremo Tribunal, pero al final tuvo éxito. Así en octubre de 1785 -el ayunta miento había decidido sobre el asunto en octubre de 1783- la intendencia sevillana, obedeciendo al Consejo, ordenaba al municipio el pago de los alquileres debidos, ascendientes a la cantidad de mil trescientos veinte reales, cifra posiblemente cercana o incluso superior a los gastos de gestión. La intervención del Consejo sirvió para que el ayuntamiento iniciase un cambio de talante respecto al tema de los compromisos referidos al alojo de las tropas, aunque, desde luego, la actitud se mudó del todo cuando un año después, en 1786, una segunda resolución del Tribunal obligó al municipio a resarcir de los daños sufridos en su vivienda al mismo propietario citado antes. Este, posiblemente, ya había efectuado las reparaciones necesarias, y pasó un cargo por ocho mil doscientos trece reales que le fueron abonados, sin ningún problema, del fondo de propios y arbitrios.

Aprendiendo de la cruda experiencia, el ayuntamiento estableció a partir de ese momento dos normativas respecto al empleo de viviendas particulares como acuartelamientos. La primera llevaba implícito el reconocimiento de su propia desidia en el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones, pues se disponía se inspeccionen las casas antes de devolverlas a los dueños para evitar futuros perjuicios. Con la segunda, el ayuntamiento asumía por su cuenta la prerrogativa de pagar a los reclamantes sin permiso previo del Consejo de Castilla, ya que se reservaba el derecho para repartir pagos a quien lo necesite y tenga documentos para hacer cargo a las tropas que ocuparon las casas con perjuicio. De esta manera se agilitó y, en cierta forma, se favoreció el hospedaje de las tropas en viviendas y locales particulares. Por ello, animados por el nuevo talante municipal, dos hermanos de Cádiz tuvieron éxito al reclamar, y después cobrar, más de quince mil reales por los deterioros causados en sus propiedades también durante la fallida gesta de Gibraltar.

En realidad, la clase privilegiada -en especial la perteneciente a la nobleza-no presentó demasiadas reclamaciones por los alojamientos de las tropas, pues se consideraba un honor la prestación realizada al Real Servicio y, por tanto, a la Corona. Como consecuencia, estaba mal visto cualquier tipo de demanda monetaria al respecto por no corresponderse con la hidalguía inherente a tal clase social. Por ello causó un gran revuelo en la Villa la pretensión de un prohombre de ella -Don Francisco Zimbrelo- solicitando el abono de los gastos realizados en el reacondicionamiento de una vivienda de su propiedad ocupada por soldados durante el tiempo del acoso a Gibraltar.

La reclamación, hecha en secreto y desconociéndola el Concejo local, llegó hasta la Chancillería de Granada en donde se abrieron las pertinentes investigaciones sobre el tema. Más tarde o más temprano el alcalde mayor de la Isla habría de ser inquirido acerca del asunto, y así ocurrió mediado el año 1786. Al llegar el escrito al ayuntamiento, los munícipes quedaron estupefactos en un primer momento cuando vieron quien originaba la reclamación, pero pronto la sorpresa se trocó en desprecio y dio lugar a una durísima condena por parte del encolerizado alcalde mayor, y así quedó registrado en las actas capitulares. Se censuraba primeramente el secretismo de la acción, siniestramente ha promovido el recurso diría el alcalde en referencia a la acción de Zimbrelo, reprobándose a continuación la falta de nobleza del acto de alguien que, precisamente, pretendía pasar por noble, especialmente teniendo en cuenta la falta de uso de la vivienda en cuestión, no sólo en la época déla guerra, sino cuando se recibió la comunicación de la Cancillería en 1786, varios arios después de la conclusión de la contienda.

3.2.- SOLUCIONES MUNICIPALES

Las soluciones tomadas por el ayuntamiento isleño para solventar el problema del acomodo de las tropas acantonadas o en tránsito hacia otros lugares, no pasaba exclusivamente por la incautación de las caserías o el uso de almacenes y viviendas desocupadas- De hecho, éstas eran solamente unas medidas extraordinarias debido a las circunstancias del momento y no se pudo acudir a ellas las veces que se hubieran deseado, especialmente después de 1770 por el rechazo de los propietarios a ceder las caserías, como ya hemos visto. El problema del alojamiento de los soldados fue permanente en la Isla y el municipio siempre se vio envuelto en engorrosos laberintos para poder cumplir con su obligación de buscar acomodo a soldados y animales. Las dificultades se vieron incrementadas por esas anómalas particularidades de la Isla de León en el siglo XVIII, en la que todo resultaba más difícil de solucionar debido a la conocida falta de infraestructura.

Esos inconvenientes se acrecentaban por la persistencia de los derechos de la antigua propietaria de la Isla, esto es, la casa ducal de Arcos- Entre estos derechos destacó uno muy perjudicial para la Villa, como fue el del mesón -propiedad de los Arcos- explotado en régimen de monopolio debido a unos privilegios anteriores que no habían podido ser abolidos, como todos los demás de la Casa por el Real Despacho de Felipe V de 172926. La existencia de tan sólo un lugar público de hospedaje y la imposibilidad legal de erigir otros, hizo carecer a la Isla de un servicio de posadas adecuado a su rango y al de los componentes del Real Cuerpo de Marina. A la noble familia no le había importado en absoluto la existencia o no de otras posadas en la Isla, pero en 1764, cuando vio el creciente efecto poblacional producido por el decreto sobre arsenales de 1752, remozó y amplió su viejo mesón27, hizo valer el privilegio de monopolio y mandó cerrar las restantes casas de hospedaje28.

A los pocos meses de quedar constituido el ayuntamiento de la Isla por el Real Despacho de enero de 1766, el duque se apresuró a recordarle sus privilegios al alcalde mayor, haciéndole saber ..."no se establezca posada pública, no se admitan pasajeros, arrieros, ni se den comida y alojamiento a éstos bajo penas de multas, habiéndose de usar la. posada mesón propiedad del duque. La inmediata consecuencia del monopolio ducal fue la degradación servicio ofrecido y el rechazo de los clientes al uso del mesón, ya que se había convertido completamente en un lugar sin clase al ser usado por todo tipo de gentes. Así se denunciaba el hecho en un informe de los diputados del común, en donde se decía que el público y cualquier transeúnte decente no ha gozado aquel trato y comodidad que se apetece pues... el uso era para arrieros y otras gentes de esta clase.

Debido a estas circunstancias, al evidente aumento del número de habitantes y de transeúntes y a la ausencia de otros lugares de hospedaje, no faltaron las solicitudes sobre apertura de nuevos establecimientos, a pesar de conocerse la prohibición sobre ello. Desafortunadamente para la Villa, el concejo local siempre se vio obligado a negarlas en virtud del privilegio de la casa de Arcos.

Los permanentes conflictos a causa de los soldados hizo que el concejo local eludiera en lo posible las directas responsabilidades que tenía con el Real Servicio respecto al alojo de las tropas y trató de traspasarlas a terceros con el señuelo del lucro. De esta manera, técnicamente acataba su deber, pero las dificultades eran para otros. Así, se arbitraron dos formas para saldar el asunto haciendo sendos compromisos con el factor de utensilios -representante local del asentista de la provincia- y con el mesón, que desde tiempo atrás alojaba a las tropas. El mesonero, seguramente con la aquiescencia del duque de Arcos, aceptó encargarse de hombres y animales pensando en los posibles beneficios económicos ofrecidos por el municipio, pero tendría tiempo suficiente para arrepentirse porque la Villa, al igual que en el caso de los propietarios particulares, esquivaría toda responsabilidad sobre los convenios realizados.

El prestigio de la única casa de hospedaje isleña quedó considerablemente mermado con la permanente presencia de los militares. Del mesón, las tropas usaron las habitaciones, los almacenes y las cocheras adyacentes; siendo las prestaciones recibidas cama, luz y, ocasionalmente, trigo para mandos y tropas. Para las bestias, cuadra, paja y cebada. Al parecer, las atenciones recibidas por la milicia superaban en exquisitez a las ofrecidas en otros lugares similares de los alrededores de la Isla de León, por lo cual el mesón del Duque se convirtió en el lugar favorito de los soldados, que llegaron a rechazar cualquier otro alojamiento distinto.

Como bien se puede suponer, la casa de Arcos no explotaba directamente el mesón, sino que lo tenía arrendado a terceros. Un representante o apoderado del duque velaba por el buen funcionamiento del negocio, al igual que del resto de sus intereses en la Isla. Por tanto, los mesoneros fueron -como llevadores del establecimiento de hospedaje- los responsables últimos del alojo de las tropas. Estos posaderos encontraron siempre el mismo problema: no recibir remuneración alguna por el servicio extraordinario realizado y encontrar grandes dificultades en conseguir el pago de los gastos. La pugna con el ayuntamiento fue continua y los resultados conseguidos muy desiguales. El concejo se limitaba a expender las «boletas» o «papeletas» a los soldados cuando llegaban y a continuación las tropas eran enviadas al mesón. Allí se Ies atendía hasta su marcha, poniendo el mesonero un especial cuidado en rescatar dichas boletas con la firma del mando militar pertinente, lo cual era requisito imprescindible para poder cobrar más tarde.

Pasado un cierto tiempo, las papeletas eran presentadas, generalmente por semestres o años vencidos, junto con un memorial al ayuntamiento, solicitando el reintegro de lo invertido en la atención a las tropas. Los justificantes eran intervenidos por el regidor comisionado al efecto, quien verificaba la autenticidad de la documentación presentada. Pero a partir de ese momento, el municipio se inhibía de toda responsabilidad posterior y los mesoneros eran remitidos a la intendencia de Sevilla. Obviamente, los mesoneros tardaban meses, e incluso anos, en cobrar lo que les pertenecía produciéndoles, como es lógico, el consiguiente enojo.

El retraso en el pago originó numerosas protestas y reclamaciones por parte de los mesoneros. Uno de ellos, se dirigió al menos en diez ocasiones al ayuntamiento en demanda de lo que se le debía por las cantidades invertidas en el suministro de paja, cebada y trigo a las tropas y animales. Como se lamentaba otro, se tardaban dos y tres años en conseguir que el intendente provincial abonase las deudas y siempre después de una larga tramitación. Un tercero expoma que después de siete años de dar servicio, no se había recibido remuneración alguna a pesar de tener las correspondientes papeletas justificati-vas.

El asunto iría empeorando con el paso del tiempo. Afínales del XVIII el llevador de la posada se quejaba de no haber recibido un cuarto en los doce años transcurridos desde su entrada en el mesón y exigía se le pague según lo establecido por las Reales Ordenes por persona y bestias. Al no conseguir su justa pretensión, optó por dimitir varias veces de sus obligaciones, amenazando con cortar el suministro a las tropas. El concejo nunca aceptó la posición del mesonero y rechazó cualquier tipo de dejación del servicio acordado, esgrimiendo la imposibilidad de alojar las tropas en otro sitio que no fuera el mesón, debido precisamente al controvertido privilegio ducal. El método de la amenaza de abandono al menos sirvió para que el ayuntamiento., a veces, abonase del fondo de propios parte de sus deudas con el mesón sin trámites adicionales. Quedaba claro que cuando le interesaba, el municipio era capaz de incumplir la orden que prohibía el uso de fondos públicos sin autorización superior".

Como se ve, el ayuntamiento no actuó de forma honorable con los posaderos y además, los colocó en situaciones de franco desamparo en más de una ocasión. Así, cuando Carlos IV visitó Cádiz en 1796, parte de la comitiva, los vehículos reales y cuatrocientos once animales permanecieron tres días y tres noches en el mesón. El mesonero, quizá cohibido por la importancia de los visitantes, no se atrevió a requerir la firma de boleta alguna. Más tarde, al solicitarlas del cabildo se encontró no sólo con la sorpresa de la actitud del regidor comisionado, quien le negaba cualquier tipo de acreditación por no haberla solicitado con tiempo suficiente, sino también con el hecho de decir el ayuntamiento no tener constancia de la presencia de tan elevado número de animales. Por tanto,, debería presentar otro tipo de testimonio para obtener el reintegro del dinero gastado.

Pero el abuso del ayuntamiento no se centraba sólo en las relaciones con los mesoneros, sino también se aplicaba indiscriminadamente a otros individuos del bajo estamento como los propietarios de carruajes. Estos presentaron una protesta al gobernador de Cádiz al sentirse perjudicados por el continuo atropello a que se veían sometidos con motivo del transporte de tropas y pertrechos de un lado para otro, pues el concejo, aparte de pagar menos de lo establecido, cargaba en demasía las carretas embargadas con la intención de ahorrar, sin importarle demasiado el consiguiente perjuicio para los animales tractores.

Hemos señalado el aumento de población a lo largo del XVIII como la principal característica de la Isla de León en ese siglo. Pues bien, ese constante incremento de habitantes iba resaltando cada día mas la incapacidad del mesón para atender tanto a militares como a civiles, por lo cual se presentía próximo el momento en que pudiese quedar completamente saturado y, como consecuencia, incapaz de admitir más hospedaje. El mesonero en un memorial dirigido al alcalde mayor le prevenía de la situación, haciéndole ver que se atendían a más de cien hombres diarios -militares- teniendo en cuenta que el mesón había de atender también a civiles. Sin embargo, el ayuntamiento hizo oídos sordos a la advertencia y anunció la llegada de una nueva remesa de soldados. El posadero expuso la imposibilidad de admitirlas y, exasperado, puso de manifiesto esa torcida voluntad municipal tan interesada en no molestar a los poderosos de la Isla de León. En la Villa, según decía, había espacio suficiente para alojar a las tropas sin necesidad de sobrecargar al mesón, si se usaban las más de doscientas cocheras para caleseras que hay en el pueblo y que con comodidad puede alojarlas. Lo cual nos aporta, indirectamente, una clara idea sobre la abundancia de gentes pudientes que habitaban en la Real Isla de León en los últimos decenios de la centuria. Por su parte, la sugerencia del posadero no mereció ni siquiera ser considerada y fue rechazada sin más.

En apariencia, las irregularidades en el alojo de las tropas parecía tener como origen exclusivo al ayuntamiento de la Isla. Pero, ¿eran los mesoneros unas personas tan abnegadas con el Real Servicio hasta llegar al punto de no obtener beneficio alguno por la carga de alojar a los militares? Esa podría ser la idea obtenida con lo expuesto hasta ahora, pero nada más lejos de la realidad. Si el ayuntamiento se desentendía en el asunto de los pagos a los mesoneros y éstos tardaban años en cobrar, ¿por qué no ejercieron una mayor posición de resistencia ante los forzosos alojamientos? Una buena contestación a esta pregunta la encontramos en una de las tantas reseñas de réplica municipal a las reclamaciones presentadas por los llevadores del mesón. Así vemos en qué podría consistir, al menos en parte, el beneficio oculto adicional obtenido por los posaderos: ..... lucrándose el arrendador no sólo de las utilidades para que le franquean gentes y bestias que en él se hospedan -en el mesón- sino también la que producen basuras o estiércol de caballería que vende. No es menos consideración la ganancia que le facilita el consumo de paja y cebada de las tropas alojadas. El ayuntamiento consideraba que los beneficios obtenidos con una clientela fija y abundante resarcían con largueza las prestaciones dadas a las tropas y, por tanto, no había que preocuparse de mas. Los posaderos opinaban lo contrario, pues una cosa era el abono de las boletas según el servicio oficial dado a los militares y otro los beneficios adicionales que podía obtener el establecimiento por el consumo efectuado por los soldados. Cuando algún mesonero pretendió hacer valer sus derechos, no tuvo más remedio que involucrar a terceros en contra del municipio. Este, muy sensible en el tema del mesón, no desaprovechó la ocasión para desacreditar a lo llevadores del negocio. Así, en 1778 cuando se transfirieron las tropas del Ejército a la Marina, el ventero de ese tiempo buscó, y obtuvo, el apoyo de Don José Luis de Madariaga, marqués de Casa Alta, representante de la Casa de Arcos, propietaria del mesón, en pos de una remuneración por sus servicios. En un primer momento, el municipio rechazó lo que se le pedía, pero el asunto se agravó al entrar en escena el gobernador de Cádiz apoyando la pretensión del marqués y llegaría a ser mucho más serio cuando intervino el intendente de Sevilla secundando a su vez al gobernador. El asistente ordenaba el pago de lo debido al posadero, valorando en mucho su labor y sacrificio, pues estaba libertando al vecindario de este gravamen, refiriéndose al alojo de las tropas. Es decir, según ese punto de vista el posadero hacía un inestimable bien a la Villa y esta no lo sabía apreciar. El concejo, acosado, quiso advertir en las palabras del intendente una velada amenaza de repartimiento entre los pecheros de no atenderse los requerimientos del asistente.

Buscando atajar el asunto de raíz, el ayuntamiento pidió al mesonero la entrega de justificantes y documentos sobre los utensilios entregados a las tropas y así saldar la pretendida deuda. Se descubrió entonces, para desgracia del mesonero, que los supuestos gastos producidos tan sólo se referían al alojamiento en ,si, es decir, a dar cobijo bajo techo a las tropas, sin haberse proveído ningún otro servicio adicional, pues el resto de las prestaciones habían sido suministradas por el factor de utensilios. Descubierto el engaño, el municipio informó al intendente sobre la verdad de los hechos, rechazando de paso, el pretendido repartimiento, ya que el concejo local sabía perfectamente que sin una orden expresa del Consejo de Castilla tal reparto no era factible, y así se lo hizo ver al asistente. El tema no llegaría más lejos.

El asunto del alojo de las tropas se complicaría mucho más cuando los factores locales se desentendieron de sus obligaciones. El proveedor local de utensilios controlaba, o debía controlar -en nombre del asentista de Sevilla- todo aquello relacionado con la atención a soldados y animales. Este proveedor -es decir, el cargo- no debió cumplir bien con sus obligaciones si tenemos en cuenta las múl tiples denuncias y protestas en su contra presentadas por los posaderos a lo largo del tiempo. Los mesoneros surtían de paja y de cebada a las unidades militares en grandes cantidades, pero luego nadie les resarcía de los gastos o éstos eran abonados en plazos muy vencidos. El factor local se inhibía de la cuestión y también su superior, el asentista provincial. Por tanto, no es de extrañar el rechazo de los mesoneros a cumplir con unas obligaciones que no le correspondían. Sin embargo, el ayuntamiento supo siempre abortar cualquier movimiento que supusiera el cese del suministro de algún tipo de utilidades o alimentos para hombres y animales. Para ello fue capaz hasta de extraer el dinero del fondo de propios -a pesar de no ser legal- y pagar al posadero en un esfuerzo por mantener el servicio.

A medida que pasaba el tiempo, las relaciones con el mesón se fueron haciendo mas difíciles. La insistencia en cobrar de los mesoneros, las amenazas de abandonar el abastecimiento de las tropas y las claras denuncias de incumplimiento de responsabilidades por parte del asentista proveedor de Sevilla y, especialmente, de su representante en la Villa, hizo cambiar de actitud al ayuntamiento respecto a los mesoneros cuando vio peligrar las atenciones al Real Servicio. Para acallar las protestas y contentar a los mesoneros, se pasó a pagar los gastos de paja y cebada efectuados por el mesón cada mes, en vez de anualmente como había sido costumbre. El drástico viraje en la actitud municipal no dejaba de ser anómalo y parecía indicar que detrás de la decisión debía subyacer algún aspecto oscuro, como así fue.

Todo ello era el resultado de las extrañas relaciones entre el ayuntamiento y el factor de utensilios, cuyo incorrecto proceder contaba, aparentemente, con la aquiescencia del cabildo isleño. El sabía de las complicaciones encontradas por el ayuntamiento desde siempre en el tema del alojo de las tropas a causa de la existencia de un sólo establecimiento público de hospedaje y de la dificultad en encontrar casas o locales disponibles para acomodar a los soldados del Ejército, problema lógico en un pueblo con tan gran demanda de viviendas y en donde ya residía la Marina ocupando los pocos sitios susceptibles de ser habitados.

El factor asignado a la Isla en el último cuarto del siglo XVIII, de origen extranjero como tantos otros vecinos de la Isla, supo sacar ventaja de la desagradable situación producida en la Villa después de los asentamientos de 1770 y 1775, ofreciendo en alquiler al ayuntamiento una casa y algunas cuadras y almacenes de su propiedad para el alojo de soldados y animales, poniendo como condición que su número no superara al de los componentes de una compañía. Los regidores se apresuraron a aceptar la oferta, pues así veían resuelto, al menos parcialmente, el embarazoso problema del hospedaje de los militares. La propuesta les resultó atractiva hasta el punto de no importarles que los seis pesos mensuales de alquiler exigidos por el factor hubieran de salir de sus propios bolsillos. Con este acuerdo se disponía de un alojamiento seguro además del ya existente en el mesón, y se evitaba molestar a los escasos pecheros de la Isla, tal y como expresaba el concejo -justificando su proceder- en el mismo año del convenio, esto es, en 1778:

Ningún vecino tiene alojamiento para cabañería, los precios de los arrendamientos son muy altos, las casas son mas pequeñas de lo necesario y la. mayor parte de la población posee fuero de Marina.

El pacto realizado parecía aceptable y hasta conveniente para la Villa en vista de la escasez de alojamientos. Se esperaba subsanar de esta manera la inhibición del factor respecto a sus obligaciones oficiales al tener que atender el compromiso contraído con el municipio. Así de mal estaban las cosas en la Real Isla. Como cláusula adicional al arreglo entre las dos partes, el factor debía dotar a las tropas de los utensilios regulares de cama y luz aún en los casos de que el número de soldados excediesen a los de una compañía.

Los tratos con personas de este tipo no podían funcionar bien y mucho menos indefinidamente. Es innecesario decir que pasados unos años -en 1790- la cantidad acordada por los servicios ya había subido a diez pesos mensuales, aunque esto no significó ninguna mejoría, sino todo lo opuesto, pues el factor fue disminuyendo su interés en cumplir el acuerdo a medida que pasaba el tiempo. Lógicamente, se originó una innecesaria sobrecarga para el mesón y las consiguientes, -y acertadas- quejas de los posaderos quienes ponían el dedo en la llaga al señalar si el asentista provincial o el factor local cumplieran con sus responsabilidades, se liberaría al mesón de tener que alojar.

El asunto de los alojamientos resultó mucho más embrollado cuando se involucró en él, sin motivo alguno, a altos cargos militares de la Marina en busca de apoyos que obligaran al Ejército a someterse a los arreglos pactados entre el ayuntamiento y el factor del asentista. Así, hastiado, el director general de la Marina -Don José de Córdoba-se dirigió al alcalde mayor protestando por la implicación de su persona en el asunto de los hospedajes de las tropas y animales de infantería y caballería, cuando, en realidad, el tema pertenecía a otras instancias diferentes. Ocurría que los soldados del Ejército rechazaban el ser alojados en las propiedades del factor porque éste incumplía su obligación de suministrar los utensilios acostumbrados de cama, luz, aceite, y otros, a pesar de cobrar las cantidades estipuladas con el concejo. Éste, en vista de las circunstancias, se veía obligado a enviar las tropas al mesón, con lo cual volvían a repetirse las protestas de los mesoneros, cerrándose así un extraño círculo de intereses yuxtapuestos.

El alojamiento de las tropas del Ejército fue una pesada carga para el ayuntamiento de la Isla de León y una fuente de molestias para el pueblo. Es verdad que a lo largo del siglo se podía haber adoptado alguna clase de medidas para paliar o resolver el problema, pero no pareció existir un excesivo interés en resolver el asunto de forma definitiva por parte del municipio. Después de la experiencia del acantonamiento de 1770, sólo preocupaba el no obligar a los menestrales a admitir militares en sus casas, quizá debido al temor a alguna algarada popular al respecto, como ya se ha indicado antes y, por supuesto, no molestar a los poderosos, tan escarmentados tras lo sucedido con las caserías. Se podría haber alojado a las tropas en los sitios acostumbrados en otros centros urbanos de los alrededores como Puerto Real o Puerto de Santa María, pero en la Isla, aparte de no existir locales desocupados como en estas dos poblaciones citadas, se creó -o se dejó crear- una trama poco clara alrededor del asunto de los hospedajes, en donde intervenían particulares, mesoneros, el factor de utensilios y los propios regidores en una inusitada mescolanza.

¿Hubo corrupción municipal en este caso? Todos los indicios parecen converger en confirmarla. Por un lado, encontramos la falta de un propósito fuerte y decidido en construir unos acuartelamientos permanentes -como veremos a continuación- tan necesarios en la Isla, si pensamos en su importancia estratégica como bastión defensivo de la Ínsula Gaditana. O por lo menos, disponer de algún sitio fijo donde colocar a los soldados y así liberar al pueblo y al ayuntamiento de los constantes engorros producidos por las tropas transeúntes en sus idas y venidas a Cádiz. Por otro lado, se observa una connivencia entre el concejo y el factor muy difícil de explicar. En ningún momento parecen querer imponerse ni los alcaldes ni los regidores al factor, exigiendo el cumplimiento de sus responsabilidades respecto a alojamientos y utensilios, ni tampoco existieron protestas oficiales al Consejo de Castilla que, sin dudarlo, hubiera intervenido en la cuestión. Como consecuencia, si atendemos a las protestas de los mesoneros, el factor disfrutaba de absoluta inmunidad municipal en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones.

¿Qué trama oculta podría latir detrás de todo ello? Muy posiblemente un beneficio económico ilícito obtenido con las justificaciones escritas de los hospedamientos, es decir, las «boletas», así como las de los utensilios. Ambas eran susceptibles de ser falsificadas o alteradas, en su totalidad o parcialmente, antes de ser presentadas al asentista de Sevilla. La cuestión aparecía apetitosa y difícil de controlar, más si tenemos en cuenta la gran cantidad de boletas originadas en la Isla debido a la asiduidad con que las tropas hacían estación en ella. Las irregularidades, desde luego existieron y bastantes fueron detectadas por el proveedor provincial en varias ocasiones. En una de ellas llegó a poner por escrito cuáles eran sus opiniones al respecto, tachando de ... ladrones a todos, incluyendo hasta los individuos del ayuntamiento.

No debe sorprender, por tanto, que en muchos casos, el asentista al descubrir los fraudes eludiera el pago de los recibos presentados al cobro o, en el mejor de los casos, éstos eran abonados a la Villa con una reducción considerable sobre lo solicitado por el municipio.

3.3.- LA CONSTRUCCION DE CUARTELES

Cuando en 1766 Carlos III otorgó la independencia administrativa a la Isla de León, los problemas pendientes y los originados con la nueva situación autónoma habrían de ser resueltos a partir de entonces por el flamante ayuntamiento. Entre esos problemas destacaba por su evidencia la necesidad de una serie de edificios públicos que facilitasen no sólo la gobernabilidad de la Villa, sino también el desarrollo de la vida cotidiana. Se precisaban unas casas consistoriales, la edificación de una alhóndiga, una cárcel, el empedrado y limpieza de las calles y construir unos cuarteles para las tropas en continuo tránsito por el pueblo. Por no haber, no había ni siquiera un sitio fijo en donde almacenar el grano. Es decir, se partía de cero en todos los aspectos. Lo peor fue la inexistencia de fondos municipales, al menos al principio, para acometer las obras más imprescindibles, aunque el entusiasmo de los primeros gobernantes de la Isla intentó resolver algunas de las exigencias más perentorias. Así, por ejemplo, el primer concejo isleño independiente de Cádiz consideró prioritario el poseer una alhóndiga para guardar el trigo a consumir por el pueblo, hasta entonces almacenado en lugares no apropiados para ello. Al carecerse de recursos económicos se buscaron fuentes alternativas, organizándose corridas de toros para conseguirlos.

Pero las corridas de toros no dieron el resultado económico apetecido y, por tanto, la alhóndiga no quedó acabada. Así lo manifestaba al cabildo un regidor en 1768 cuando exponía las necesidades de la Villa en materia de edificios públicos, denunciando, de paso, la carga que suponía para la población pechera el alojo de los militares transeúntes. Sin embargo, en esta ocasión se atendieron asuntos considerados más urgentes como el establecimiento de una carnicería para el pueblo con servicio de «menudos». De todas formas, el mencionado regidor apuntó una interesante posibilidad para conseguir la financiación de las obras pendientes de realizar, entre las cuales se incluían, por supuesto, la de los cuarteles. En efecto, a los dos años de vida, el ayuntamiento isleño obtenía excedentes en la recaudación de propios y arbitrios y se sugería emplear este beneficio para costear el inicio de esas edificaciones tan necesarias para la Villa. La idea fue aceptada y sólo quedaba ahorrar para demostrar en un futuro inmediato al Consejo de Castilla que el proyecto era factible. No obstante, y sabiendo de la lentitud de la burocracia estatal, se estudió la posibilidad de aprovechar la teórica vigencia de una disposición fechada en 1762, por la cual el intendente provincial autorizaba en ese año la erección de los inmuebles considerados como oficinas públicas en la Isla de León. La cuestión no seguiría adelante en esta ocasión, pero es ilustrativa de la preocupación de los dirigentes isleños en cuanto a la débil infraestructura de la Villa, incluso desde tiempos anteriores al establecimiento de un ayuntamiento segregado del de Cádiz.

Si en mayo del sesenta y ocho un regidor había expuesto las necesidades isleñas, en agosto era el decano el que resaltaba las dificultades encontradas con los alojamientos de las tropas por ser la mayor parte del pueblo de extraña jurisdicción, decantándose decididamente por hacer una representación a la superioridad. Por su lado, el diputado de obras llegaba más lejos, pues pedía la declaración de urgencia en el tema de los cuarteles que es lo que más falta hace. El problema -aunque causado tan sólo por las tropas transeúntes del Ejército- se había hecho bastante importante cuando todavía quedaba un año para la llegada de los miles de militares del Real Cuerpo de Marina procedentes de Cádiz y aún no se había realizado ningún gran acantonamiento por parte del Ejército en la Isla de León. En la fecha del traslado de la Marina, en 1769, el personero del común, quizá mostrando el agobio de toda la corporación municipal, presentó un plan para la consecución de las casas capitulares y otras oficinas basado en los reales ahorrados en propios y arbitrios y, principalmente, en el arbitrio existente en la Villa para la construcción de un nueva iglesia parroquial, del que se ambicionaba tomar la mitad de su producto. La pretensión sería rechazada por el Consejo de Castilla.

Superado el inicio de la década de los setenta, en 1773, el ayuntamiento había decidido tomar la iniciativa para resolver el problema de los cuarteles para el Ejército. El establecimiento de la Marina y el asentamiento temporal de la infantería y la caballería cuando el asunto de las Malvinas, con los problemas que trajo consigo, fueron determinantes para que el concejo local se atreviera a iniciar la construcción de los cuarteles, así como la de las casas capitulares. La financiación se haría con el fondo existente en ese momento en el caudal de propios y arbitrios, suficientes para comenzar las obras, y el resto se obtendría del excedente anual producido en dicho fondo. Se presentaron ante el Real Consejo los planos y el presupuesto, en donde sólo el capítulo de los cuarteles ascendían a ochenta mil pesos"". Pero la inexistencia en la Villa de construcciones mucho más básicas y más necesarias para el común, como un pósito o una alhóndiga -todavía se carecía de una proporcionada con el número de habitantes- hizo que el castillo de naipes ideado por alcalde mayor y regidores se viniera abajo en cuanto llegó la primera dificultad en el abastecimiento de grano. La cortedad del término isleño impedía el cultivo de trigo y, por tanto, la posición de la Villa en cuanto al suministro de grano era sumamente frágil. La debilidad se veía acrecentada por el desinterés de todas las corporaciones municipales isleñas en resolver semejante problema, quedando de esta forma el abastecimiento en manos de especuladores como arrieros y trajinantes dedicados al surtimiento de las poblaciones. La escasez de trigo y su consiguiente encarecimiento en ese año de 1773 y la urgencia de asistir a los vecinos en lo más básico, obligó a emplear el capital disponible en propios y arbitrios para asegurar el aprovisionamiento. Consiguientemente, se hubo de suspender temporalmente el proyecto de los cuarteles.

El tema se reactivó en 1775 cuando a la vista del incremento experimentado en propios, el síndico personero volvió a manifestar las incomodidades a que se veía expuesto el vecindario a cuenta de los asentamientos. Ya eran más de tres mil vecinos los residentes en la Isla y se deseaba un sitio fijo y, en cierta forma, apartado de la Villa en donde colocar a las tropas del Ejército- El síndico fue diáfano en las apreciaciones dirigidas al concejo:

...hay aue conseguir licencia para los cuarteles de caballería e infantería para evitar incomodidades al vecindario.

En el escrito enviado al intendente Olavide se citaban todas las razones concurrentes en la isla demostrativas de la necesidad de los cuarteles, así como el empedrado de calles y plazas de una Villa en expansión. Los más de trescientos mil reales guardados en fondo parecían ser cantidad suficiente para el inicio de las obras y el sobrante de cinco mil pesos anuales, bastante garantía para la continuación de las mismas. Se contaba también con el producto del arbitrio para la construcción de la iglesia parroquial, próximo a concluir.

El dinamismo de Olavide se dejó sentir y pronto la Villa nombraba maestros de inteligencia y práctica en las dos clases de obras, albañilería y carpintería. Mientras, el arquitecto era encargado de efectuar el plano de los cuarteles con las medidas, situación, costes y jornales. El sitio a elegir debería ser cómodo tanto para las tropas como para el vecindario. Es decir, lo suficientemente alejados del pueblo como para no interferir demasiado en la vida cotidiana de la Isla. La zona idónea para ubicar los cuarteles era la llamada «sitio del Monte», precisamente aquella donde se construiría más tarde la ciudad militar de San Carlos para alojar a los marinos. De esa forma, ambas representaciones militares -mar y tierra- hubieran quedado concentradas en el mismo área: la idea gustó al concejo de la Real Villa. Poco antes, en abril de ese mismo año de 1775, se había firmado la escritura de compra por parte del Estado a la casa de Arcos de las ciento setenta y tres aranzadas y media necesarias para llevar a cabo el proyecto de la ciudad naval. Ahora, en unos terrenos colindantes pertenecientes a Don Juan Antonio de Madariaga, marqués de Casa Alta, era posible concentrar al Ejército. El marqués se mostró completamente propicio a la venta del espacio necesario para erigir los cuarteles, e incluso sus pretensiones económicas no pudieron ser más favorables pues el precio sería el que quisiera el ayuntamiento en los términos que más le conviniera en favor del Real Servicio. En efecto, si los precios de esos terrenos oscilaban entre cuarenta y cuatro y sesenta reales la vara cuadrada, Madariaga lo ofrecía a veintidós y además contribuía a la causa aportando los planos precisos y toda la ayuda que de él se pudiera necesitar. El desproporcionado interés del marqués se debía, sin duda, a la pérdida de valor de sus propiedades ubicadas en el «sitio del Monte» al ser fronterizas a las que había adquirido la Marina, pues era consciente de que ninguna otra construcción de carácter civil se haría en ese paraje debido a la proximidad de los militares. No obstante, la oferta hecha al municipio era ventajosa e interesante para éste y así se reconoció en cabildo por los regidores. Como consecuencia, el ayuntamiento remitió una carta de agradecimiento al marqués.

Pero los cuarteles para el Ejército no serían construidos jamás, no ya en «el sitio del Monte», sino en ningún otro. La cesión a la Villa de unos terrenos urbanos lo suficientemente extensos como para construir otras de las dependencias públicas necesarias, relegó a un segundo plano el asunto de los cuarteles. Los positivos informes y los planos del arquitecto Torcuato Cayón -aceptados por Ventura Rodríguez- sobre esos terrenos, fueron determinantes para el Consejo de Castilla. Este decidió en 1778 que la Isla emplease los sobrantes de propios en el inicio de unas obras distintas a la de los cuarteles, invirtiendo el capital en la erección de casas capitulares, cárcel, plaza de abastos, carnicería, matadero y pescadería. Por tanto, quedaban para mejor ocasión las demás tal y como se reseñaba en el Real Despacho:

... y concluidas la plaza y demás obras explicadas, esa Villa acuerde su pretensión sobre empedrados, cuarteles y alhóndiga.

La Real Villa seguiría sufriendo los inconvenientes provocados por el alojo de las tropas del Ejército. Las carreteras se arreglarían con el paso del tiempo, pero el agobio producido por la carencia de cuarteles seguiría en pie. Diez anos después, el fiscal del Supremo Consejo calificó de indispensable la construcción de unos cuarteles para no cargar a los pobres artesanos, con vivienda pequeña incapaz de sufrir el alojamiento y acomodo de tropas. Quizá por esto, en 1790 se habilitó para tal efecto una cuadra a la salida del pueblo, pero la falta de atención del factor local a sus obligaciones respecto al mantenimiento de dicha cuadra y a la provisión de los utensilios, hizo que las propias tropas rechazasen hospedarse en tal lugar.

3.4.- LA INTENDENCIA DE SEVILLA

Las relaciones del municipio isleño con las entidades provinciales superiores como la intendencia de Sevilla, parecieron desarrollarse sin altibajos en todo el asunto de los hospedajes de los militares del Ejército. Es más, acabamos de ver que cuando el ayuntamiento necesitó ayuda en el tema de la construcción de los cuarteles, el intendente Olavide aportó todo su apoyo y dinamismo en la búsqueda de solución en un asunto tan importante para la Villa. Tan sólo en un momento estas relaciones parecieron venirse abajo. Fue cuando se vivió la situación de emergencia provocada por el incidente de las Malvinas en 1770. Las causas vendrían motivadas por la falta de experiencia del concejo -solamente con cuatro años de existencia- en la resolución y planteamiento de los asuntos, pero también por la intemperancia del intendente interino de aquel tiempo. El titular del cargo -Pablo de Olavide- atendía múltiples obligaciones en Andalucía, por lo cual era frecuentemente sustituido por su segundo, el marqués de Malaspina, quien., al parecer, era hombre autoritario y falto de tacto, si tenemos en cuenta sus relaciones con la Isla y otros núcleos cercanos.

El incidente de las Malvinas había causado un gran desasosiego y temor tanto en Madrid como en el resto de los escalones de gobierno del país. Ciertamente se temía una guerra en solitario con Inglaterra, aunque era mucho mayor el miedo a un ataque inglés al área gaditana. El periodo de tensión entre los dos países acabó relativamente pronto, pero es demostrativo de (¿se miedo el gran número de tropas acantonadas en diversos lugares de la bahía gaditana y la gran provisión de víveres que se hizo para el abastecimiento de los soldados. Obviamente se esperaba una larga confrontación y todo estuvo preparado para ello. Al final todo quedó en nada, afortunadamente para nues tra nación. La Isla, como hemos visto, recibió más de una muestra de reconocimiento por su actitud y cooperación con el Real Servicio durante esos meses de tensión. Sin embargo, un contencioso con la intendencia de Sevilla amargó la posible satisfacción del concejo por el buen trabajo realizado en el acomodo de las tropas.

En efecto, una vez concluido el peligro de guerra con Inglaterra, las tropas enviadas a la Isla de León y a otros lugares de la Bahía no volvieron de inmediato a sus lugares de origen, sino permanecieron varios meses en sus destinos temporales hasta consumir -animales y hombres- la gran cantidad de provisiones disponibles. Así lo comunicó la intendencia de la provincia a los concejos locales mediado 1771^. La disposición llegaba a destiempo., pues las circunstancias de guerra habían concluido en febrero de ese mismo año, pero era aprovechada para comunicar a los municipios la obligación de proveer a los oficiales de los utensilios pertinentes de acuerdo con su graduación. Una vez conocida la orden, los militares del regimiento de caballería de Calatravas se apresuraron a presentar oficio ante el alcalde mayor de la Isla, en petición del abono de los utensilios generados en el tiempo del acantonamiento. El municipio, un tanto enojado, contestó negativamente a la pretensión, aduciendo que había sido presentada fuera de tiempo y sin la sujeción correspondiente a las Reales Ordenanzas y particulares órdenes en el asunto''.

El ayuntamiento tenía buenas razones para negarse a pagar contribución alguna a los militares, pero cometió el error de no comunicarlas al intendente interino Malaspina. De esta forma, fueron las noticias provenientes de los militares reclamantes las primeras en llegar a Sevilla. Como consecuencia, la violenta reacción del marqués no se hizo esperar y pronto el cabildo isleño supo de sus iras y sus amenazas. Asustado, el concejo remitió el mismo día una relación de los derechos que, según los regidores, asistían a la Villa para eludir el pago de los utensilios. Entre ellos se destacaba la exención completa de tales obligaciones por ser muy corto el número de menestrales en la Isla y la ausencia de una orden concreta del Consejo de Castilla para pagar lo exigido. Tampoco se podían olvidar el buen servicio realizado, reconocido incluso por el Rey, la participación en la carga del alojo tanto de vecinos de la Isla como de Cádiz y el hecho de que el batallón de Infantería de Zamora, aún gozando de menos ventajas que la caballería, no había interpuesto reclamación alguna.

Malaspina pareció querer llegar a una solución proponiendo tener en cuenta los derechos de los militares, pero también los servicios prestados por la Villa, sugiriendo así una reducción en el monto de los utensilios a pagar por el ayuntamiento. Pero el concejo había tenido tiempo suficiente para recapacitar y rechazó por completo la pretensión de la intendencia, añadiendo, además, una certificación del escribano municipal en donde se reseñaba que la Villa jamás ha pagado la contribución de utensilios a S.M. a imitación de la plaza de Cádiz y que siempre la tropa se ha puesto en cuarteles a costa de los propios de la Villa por orden superior. Con esto se ponía de manifiesto la desobediencia isleña, pues se había contravenido la explícita orden dada por la intendencia para el acantonamiento de 1770, ya que el pago de los utensilios no habría de hacerse con caudales públicos por ser carga anexa a las personas con responsabilidad del estado llano, mientras haya cabimento, y en su falta, los hidalgos, nobles y demás clases exentas.

El marqués, obstinado, dio un plazo de un mes a la Villa para presentar recurso a la superioridad en caso de no estar de acuerdo con sus mandatos, advirtiendo que de no obtener en ese plazo una Real Orden exonerando a la Villa, tomaría vía de apremio en su contra sin ningún tipo de apercibimiento. De paso, aclaraba que la paga de dichos utensilios habrá de ser como "una carga concejil para ser distribuida entre el vecindario sin consideración a los propios y arbitrios. Es decir, la intendencia provincial desechaba la idea de usar los fondos de propios para abonar los utensilios y ordenaba un reparto entre el pueblo: el mismo que había sufrido el alojamiento. La maniobra del intendente quedaba clara: los treinta días concedidos para presentar recurso y recibir respuesta del Consejo, era un periodo de tiempo demasiado escaso para el funcionamiento de la burocracia de la época. Como consecuencia, y al no obtenerse resolución dentro del plazo, el reparto se haría sin ningún tipo de excusas. El ayuntamiento, fn su ingenuidad, solicitó a Malespina una prórroga a ese mes concedido para poder solventar el problema con el Tribunal. La respuesta fue negativa, como era de esperar".

La resistencia al pago de las utilidades no fue algo exclusivo de la Isla, pues en El Puerto de Santa María ocurrió algo análogo al oponerse, no ya el ayuntamiento, sino el propio pueblo, al pago de esas obligaciones debido a la pobreza del vecindario. Lo mismo sucedió en Puerto Real, y al final Malaspina hubo de ceder y relevar a esa población de la carga de los utensilios. El conflicto entre la Isla de León y la intendencia de Sevilla también tuvo un final favorable para la Villa. A principios de septiembre, el intendente interino volvió a dirigirse al municipio isleño, adjuntando una copia de la resolución del Supremo Consejo de Castilla cuyo contenido dejaba sin efecto cualquier tipo de procedimiento administrativo en contra de la Isla de León referente al pago de los utensilios del regimiento de Calatrava

CAPITULO IV

LA CRISIS EN LOS ABASTECIMIENTOS DEBIDO AL REAL

SERVICIO: EL SITIO DE GIBRALTAR.

4.1.- LOS ABASTECIMIENTOS EN LA ISLA DE LEÓN

Una de las peculiaridades más notables de la Isla de León al compararla con la gran mayoría de los centros urbanos de la España del XVIII. era su total dependencia del exterior en cuanto a los abastecimientos. Mientras la mayoría de pueblos y ciudades aseguraban los productos necesarios para la subsistencia humana de los campos cercanos a ellos, la Isla encontraba grandes limitaciones en la obtención de alimentos al no poseer un agro propio a causa de las reducidas dimensiones de su ámbito, aunque también a su carácter insular. Podríamos decir entonces, que el principal motivo condicionante del desarrollo agrario de la Isla de León fue, sin duda, el espacio geográfico, pues la brevedad de su término municipal de apenas treinta kilómetros cuadrados, parecía impedir cualquier intento de explotación a gran escala. F.n ello también debió de influir, por supuesto, la climatología.

Desde luego, el ambiente salino imperante en la Isla por la proximidad inmediata del mar, así como la frecuente aparición de los vientos del este y del oeste -a veces frío y muy húmedo el segundo y seco y generalmente violento el primero- desaconsejaban muchos de los cultivos acostumbrados en otros lugares próximos. Por otra parte, y como sabemos, las actividades navales iniciadas en el primer cuarto de siglo fueron las promotoras del desarrollo de la Isla atrayendo desde el principio, a gran cantidad de gentes que inmigraron con la intención de trabajar para el Real Cuerpo de Marina de una forma u otra, pero en ningún modo para hacerlo en tareas agrícolas, las cuales, posiblemente, fueron abandonadas en sus puntos de origen buscando otros horizontes más rentables y una vida mejor.

Por todo ello, la explotación del suelo isleño más que escasa era anecdótica (ver cuadro siguiente). Por ejemplo, mediado el siglo XVIII se dedicaba el 22% por cien del suelo a cereales, que aparece como el aprovechamiento agrario máxima extensión, aunque los rendimientos dejaban mucho de desear.

APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN LA ISLA DE LEÓN - Datos para 1752 -

Superficie total: 5.460 aranzadas*

 (*) 1 aranzada = 400 estadales de 4 varas cuadradas cada una. fuente: A.C.S. Dirección General de: Rentas. Catastro de Ensenada, extracto de las Respueslas Generales Libro 562, fols. 377-381.

Las huertas representaban el 2/19% del total de la superficie, mientras que los viñedos ocupaban el 1,46%. El olivar, por su parte, tan sólo tomaba el 0,54%, es decir, una explotación casi testimonial. Por el contrario, los terrenos sin cultivar o infructíferos se acercaban a las tres cuartas partes del territorio -en concreto el 73,67%- bien por razones de pura desidia, como fue calificada en su época, o por corresponder a salinas, industria de gran arraigo en la Isla de León cuyo interesante desarrollo es citado por Ponz varios decenios más tarde.

La ausencia de cultivos cerealísticos en el término municipal e incluso en sus proximidades, hizo que la fragilidad de los suministros de la Isla de León se convirtiera en uno de los grandes problemas para el concejo isleño. La necesidad de alimentar a una población en continuo ascenso, obligó al ayuntamiento a una búsqueda permanente de grano allá donde lo hubiera en su afán de mantener abastecida a la Villa. Pero tan completa dependencia del exterior agudizaba los problemas considerados normales en otros pueblos. Así, si la climatología preocupaba a España entera, y en especial a la Andalucía del siglo XVIII, en la Isla se vivía obsesionado con ella, pues cuando no se daban buenas cosechas por la falta o por el exceso de lluvias, los pueblos productores de trigo rehusaban desprenderse de grano para asegurar su propia supervivencia o elevaban su precio considerablemente aprovechando la necesidad de otro.

Por su parte, los vientos -en especial el de levante- eran capaces de dejar desabastecida a la Isla durante varios días, al impedir la aproximación a sus muelles de las pequeñas naves transportadoras del trigo comprado en la Bahía de Cádiz". Incluso un fallo en la previsión municipal podía dejar al pueblo desprovisto de pan si coincidía la falta de reserva de harina con las perió dicas mareas muertas que dejaban fuera de servicio a los molinos situados en los caños. Respecto a este caso, no hace falta decir que las normativas de los alcaldes mayores se multiplicaron a lo largo del siglo, obligando a los panaderos a tener una cierta cantidad de harina almacenada para cuando llegaba la ocasión, pero los panaderos hacían oídos sordos al tema, pues ante la ficticia escasez podían vender el pan más caro.

La precariedad en el abasto de grano hubiera quedado paliada en gran parte de haber existido un pósito en el término municipal isleño, pero no fue así. De los más de ocho mil existentes en el país en 1773, ninguno correspondió a la Real Villa. Por ello, la carencia de un establecimiento de esa índole provocó en la Isla de León una serie de crisis anómalas de carácter exclusivamente local, que hicieron vivir al pueblo en un continuo estado de zozobra al estar siempre preocupado por la cantidad de trigo almacenado o comprado, sus costos y, en fin, del precio a pagar por la hogaza de pan. La inquietud popular tenía su razón de ser, pues se sabía que si la fanega de trigo alcanzaba los setenta y cinco reales de costo, el pan resultante quedaba fuera de sus posibilidades económicas y, por tanto, se llegaba a una situación de hambre al no poderse lograr el básico alimento. Por desgracia, se alcanzaría con facilidad varias veces este estado, pues la hogaza de pan en raras ocasiones tuvo un precio inferior a los veinte cuartos y sí, en cambio, muy próximo a los veintitrés que marcaban el límite adquisitivo del pueblo-

Los isleños veían a los panaderos como los causantes de los altos precios debido a los grandes beneficios que supuestamente obtenían en la elaboración del trigo y, en especial, por las artimañas empleadas en provocar falsas escaseces que obligaban al encarecimiento del pan. La apreciación era cierta, y en más de una ocasión el municipio temió alguna algarada popular en contra del gremio, pero los panaderos no fueron los únicos en obtener ventajas de la situación alimentaria de la Villa, pues la total dependencia externa en los abastecimientos, hizo surgir una importante especulación en torno a la Isla de León que fue difícilmente contenida por el concejo local, quien a veces, llegó a ser parte interesada en esas actividades agiotistas, bien en interés propio o de algunos regidores concretos, o para favorecer a algunos particulares.

El abasto de grano se hacía normalmente por medio de intermediarios que lo transportaban desde los lugares de producción al mercado de la Villa, donde era vendido obteniendo sustanciosas ganancias. Era el precio a pagar por carecer de una producción cerealística propia. Pero estos comerciantes no se contentaron con obtener unos beneficios más o menos elevados con el acarreo y venta del trigo, sino llegaron a más, pues encontrándose sin competencia, establecieron un sistema especulativo del cual salió notablemente perjudicada la Isla de León. Así se indicaba en uno de los tantos cabildos en los que se citaba la actuación de estos «arrieros trajinantes»: el vecindario queda a su voluntad, pues aún en años fértiles encarecían el trigo por encontrarse solos. La falta de pósito y de almacenes en donde mantener una cierta reserva de gra no favorecía la actuación de los «arrieros», por ello se llegaron a crear numerosas crisis ficticias que afectaron solamente a la Isla de León.

Los casos de especulación fueron numerosos, dándose algunos verdaderamente extraños en los cuales el trigo era capaz de elevar su precio cuando más abundaba. En pleno verano de 1776 el trigo subió dieciseis reales por fanega en unos días. En julio lo hizo cinco reales más, con lo cual se alcanzaron los cincuenta y cinco reales, que no era, después de todo, un precio demasiado alto. Lógicamente, esto no era nada comparado a cuando llegaban las temporadas lluviosas; entonces la fanega de trigo se disparaba debido a las dificultades para el tránsito que ofrecían los deficientes caminos, lo cual era cierto, pero también a una premeditada astucia de los «trajinantes» que aprovechaban las circunstancias meteorológicas para no aparecer por la Villa y provocar una escasez que Ies permitiría vender el grano mucho más caro. Algo parecido sucedía si el año no había sido demasiado bueno en cuanto a las cosechas, pues, recién terminado el verano, en septiembre u octubre, el desabastecimiento intencionado producía unas vertiginosas subidas de los precios del trigo, llevando el del pan a límites ÍnalcanzabIes. Por si fuera poco, los «arrieros» fomentaban aún más las faltas en el suministro vendiendo toda su mercancía a otros intermediarios locales quienes la compraban con el pretexto de surtir a la Marina, o bien simulando ser panaderos, quedando la Villa sin una espiga y a expensas de los especuladores.

Los «trajinantes» encontraron unos perfectos aliados en los panaderos de la Isla, grandes beneficiados finales de las ficticias carencias de grano provocadas por los primeros, aunque ellos no le iban a la zaga. La falta de honradez de los panaderos produjo grandes problemas al ayuntamiento en su intención de contener y controlar los precios, aunque no siempre tuvo éxito en el empeño debido a la sutil y variada picaresca utilizada por tan necesario gremio. El municipio veía que la cavilosidad y malicia de los trajinantes conductores y panaderos, hacen ilusorias las escaseces para lograr aumento de sus precios, obligando a subir los del pan y los del trigo en rama, y llevaba razón, pues si los panaderos veían mayor beneficio en la elaboración de una cierta clase de pan, generalmente la más cara, abandonaban las demás sin tener en cuenta el perjuicio de una parte del pueblo.

Pero ésta no era la única artimaña. La más común era comprar el trigo que les correspondía y luego no molerlo en su totalidad; así cada panadero mantenía guardada una cantidad variable de grano en espera de alguna subida del precio del pan, obteniendo mayores ganancias al amasar cereal adquirido a precio más bajo. Por eso, cuando se daban los primeros indicios de escasez, el municipio registraba sus casas e incautaba el grano encontrado en favor de la Villa. Pero la medida no sirvió de mucho, pues en vista de que sus hogares no eran lugares seguros para esconder el trigo, optaban por venderlo a los revendedores con tal de incitar la necesidad de grano. El turbio negocio, por supuesto, era seriamente penalizado. Los regidores vigilaban y castigaban los fraudes cometidos en !a elaboración del pan, pero ésto no parecía amedrentar demasiado a los panaderos, quienes llegaron a ofrecer resistencia a modificar los precios a pesar de haber diminuido e1 del trigo. Las multas llegaron a ser considerables cuando se descubrían indebidas mezclas de harinas en las hogazas, especialmente cuando el ayuntamiento estuvo regido por alcaldes enérgicos dispuestos a atajar de raíz los males de la Isla, llegándose a grabar el escudo de la Villa en las piezas más caras para su mejor identificación.

Con todo, los panaderos siempre encontraron caminos para causar la apetecible carestía, para ello no necesitaban más que dejar de trabajar en los hornos, con lo cual descendía el número de hogazas en el mercado, o, simplemente vendían la producción de pan a otro tipo de especuladores -los revendedores o «marchante, como se les llamaban en la época-obteniéndosc el mismo resultado. Claro que también podían abstenerse de comprar trigo para hacer subir los precios del pan, o no adquirir grano en verano con tal de conseguirlo más barato cuando empezaba a picarse por su prolongado almacenamiento a causa de las altas temperaturas. Sin embargo, el caso más vil de especulación no tuvo como origen ni a los panaderos, ni a los «arrieros», sino a un residente en la Isla cuya actividad delictiva se centraba en comprar a la capa social más humilde de la Isla el pan adquirido previamente por ella, revendiéndolo más tarde. El negocio pareció irle bien, pues al poco tiempo monopolizaba gran parte de la producción de hogazas del pueblo, dando origen a una anómala escasez.

Los llamados «alcaldes de panadería», como cabezas visibles del gremio, eran los principales promotores de los ardides empleados para conseguir mayor lucro en la fabricación del alimento fundamental del pueblo. El concejo, conocedor de estas actividades, luchó contra ellas usando diversos caminos, hasta llegar al punto de encarcelar a los «alcaldes» como ultimo remedio. La justificada falta de confianza en el gremio llevó al ayuntamiento a frecuentes controles de la elaboración del pan, para así conocer de forma fehaciente los precios reales a los que debería salir al mercado. El sistema empleado era el «escandallo» o sondeo, consistente en supervisar la cantidad de trigo necesario -dependiente de la calidad del grano- para producir una hogaza, teniendo en cuenta los gastos inherentes al proceso y el beneficio estimado para el panadero. Pero en el precio final del pan incidían demasiados factores. Uno era el de la fanega de trigo en si, sujeta a las variaciones meteorológicas y del mercado principalmente, aunque también a las épocas de escasez general o a circunstancias extraordinarias consecuencia de las guerras. Así, en "1796 se alertaba sobre el aumento en el consumo de pan con motivo del gran número de refugiados franceses existentes en la Isla, repitiéndose un caso paralelo poco después cuando los ingleses bombardearon Cádiz en 1797. Ahora eran gaditanos los que llenaban la Villa, disminuyendo rápidamente el abasto.

Otros factores influyentes en el precio final del pan eran los costos del transporte del grano, muy variables como se puede suponer, y el de su almacenaje, asunto éste nunca resuelto satisfactoriamente en la Isla de León, pues al no existir depósito, el trigo era guardado en locales de particulares cuyas condiciones no eran las óptimas para el fin dado, por lo cual muchas veces el grano se estropeó, germinando con el calor o llenándose de insectos. Quizá el municipio podría haber decidido algo más apropiado al respecto, pero no pareció existir gran interés, pues siempre se presentó como excusa la orden del Consejo otorgando prioridad a la construcción de las Casas Consistoriales. Paradójicamente, fue el mismo ayuntamiento el que indirectamente encareció aún más el valor de la hogaza cuando obligó a los panaderos a usar la nueva panadería pública, cobrando como tasa seis maravedís por cada fanega y media amasada.

Ante las anormalidades en los abastecimientos, el ayuntamiento intervino asiduamente en los mismos y se convirtió en el principal proveedor de la Villa, en un intento por erradicar las especulaciones con algo tan vital para el pueblo como era el pan, pero también para solucionar los graves problemas traídos por las crisis verdaderas. No obstante, en su labor de aprovisionador de la Villa durante las carencias reales y ficticias, el municipio se encontró permanentemente con un problema difícil de superar: la falta de fondos en las arcas municipales para las compras de grano. En condiciones normales se empleaba el capital acumulado en «propios y arbitrios», con la intención de reintegrarlo una vez cobrado el grano a los panaderos. Pero ocurría que éstos no lo abonaban hasta vender las hogazas de pan, lo cual, no siempre garantizaba la recuperación automática del capital invertido. También podía suceder que las crisis fueran demasiado prolongadas o demasiado profundas, acarreando la inversión de elevadas sumas de dinero, cada vez mayores en directa proporción al aumento del número de habitantes.

Como quiera que fuera, el municipio fue consumiendo poco a poco los caudales públicos empezando por los destinado a las, tan necesarias obras públicas proyectadas, originándose sucesivos aplazamientos de las mismas, en especial la de las Casas Consistoriales. Incluso se pensó recurrir a los ciento cincuenta vales reales comprados en 1783 por un valor de trescientos mil reales, pero una falta de acuerdo entre los regidores impidió la transacción y posterior inversión de este capital. La creciente penuria económica municipal y la necesidad de alimentar al pueblo, dio paso a una solución sui generis al problema del abastecimiento: recurrir a los particulares. Según esta fórmula, se permitía la existencia de negocios privados en torno al pan, siendo cuenta de los promotores el aporte del grano, su elaboración y venta, así como los gastos de transporte y almacenaje, y el pago de los impuestos a la Real Hacienda.

Más tarde, cuando los fondos quedaron exhaustos, se empezó a buscar a alguien que los tuviese y quisiera correr el riesgo de prestarlos al ayuntamiento, a sabiendas de lo complicado de su reintegro. No obstante, el concejo siempre lo encontró, empeñándose en grandes sumas como ocurrió en 1796 y 1798. El sistema planteó, a veces, sus problemas, pues los particulares, al fin y al cabo negociantes rayanos en la especulación, hacían grandes inversiones con un decidido ánimo de lucro aprovechando los tiempos difíciles en los que el grano alcanzaba altos precios. Además, contaban con el amparo de la garantía municipal de obligar a los panaderos a comprar su trigo, pero cuando ese trigo bajaba de precio en las poblaciones próximas y el particular mantenía el suyo, se crearon grandes conflictos entre los comerciantes, el ayuntamiento y los panaderos, reacios a pagar mas de lo debido.

La escasez de grano llevaba a la Real Villa a situaciones de verdadera emergencia con bastante frecuencia. Así, no es extraño encontrar que la reserva de trigo tan sólo alcanzaba para tres, dos e, incluso, un día. La cuestión se tornaba aún más difícil cuando los pueblos por donde transitaban los «trajinantes» embargaban las fanegas con destino a la Isla, o las autoridades bloqueaban la extracción de trigo, a pesar de poseer grandes acopios del mismo. El gobernador de Cádiz, por ejemplo, retuvo en la capital más de una partida de grano con la intención de repartirla equitativamente entre los pueblos que lo necesitasen, no permitiendo la venta directa como se acostumbraba. Teniendo en cuenta los impedimentos, el fenómeno de la falta de grano en la Villa -y la consiguiente carestía del pan- encontraría explicación en tiempos de crisis generales, pero no en años normales aunque fueran escasos, porque trigo siempre se encontró aún en los peores momentos. ¿Era esto debido a una falta de cuidado en el abastecimiento por parte municipal? Podría ser, aunque también a algunas «extrañas decisiones» tomadas por el concejo isleño. Sin ir más lejos, el caso citado de la intervención del gobernador en la distribución del trigo, aunque infrecuente, delata un interés por evitar acopios excesivos y, quizás, algún tipo de especulación o fraude por parte de ayuntamientos como el de la Real Villa. Esta perdió demasiado tiempo buscando otras fuentes de abastecimiento sin control oficial y cuando veinte días más tarde -al no tener éxito- aceptó la oferta gubernamental, se encontró con Ía sorpresa de la negativa de las autoridades gaditanas a proveerla de trigo.

Los anómalos y sospechosos titubeos de los regidores a la hora de decidir las compras se repitieron en muchas otras ocasiones, dándose la circunstancia de que ante un periodo de escasez y el consiguiente acuerdo de cabildo para conseguir trigo de alguna fuente conocida, siempre aparecían fechas después uno o varios de los diputados haciendo de intermediarios de algún comerciante con gran cantidad de trigo y con precios más ventajosos a los de la compra decidida en la reunión municipal. En una caso similar, durante la gravísima escasez provocada por el Sitio de Gibraltar, el Real Cuerpo de Marina ofreció setecientas barricas de harina incautadas al enemigo que habrían sido de gran alivio para el pueblo, pero, a pesar del lógico interés mostrado por el síndico, el ayuntamiento declinó el ofrecimiento prefiriendo esperar otras proposiciones no oficiales.

Tan sólo hubo un periodo en el cual la actuación municipal aparece diáfana y libre de oscuridad: el correspondiente al mandato del alcalde mayor Antonio de Francia y Urquiola, quien supo aplicar las medidas oportunas para evitar las deficiencias en el suministro de pan al pueblo. De esas disposiciones destacaríamos las siguientes:

- El ayuntamiento interviene directamente en todo el proceso de abastecimiento y elaboración del trigo.

- Se prohibe a los panaderos la compra de grano bajo penas de cincuenta ducados, para evitar mezclas fraudulentas.

- Se calcula el número de hogazas resultantes de cada fanega para fijar su precio, tras haber incluido en el mismo las ganancias de los panaderos y los gastos de administración.

- Prohibición de amasar para aquellos que no sean panaderos.

-Nombramiento de comisarios, entre aquellos vecinos más seguros, para el reparto diario de las fanegas de grano.

- Los panaderos amasarán todo el trigo recogido, sacando al mercado el pan fabricado sin ocultar ninguno en sus casas, bajo pena de ser castigados.

- Los comisarios sólo entregarán trigo a los panaderos si éstos lo pagan en el acto, para evitar desfalcos.

- Que el trigo que entrase y se comprase se anote diariamente en un cuadernillo separado del precio a que costó y sujeto a quien se compró. Con ello, se comprobaría mensualmente las ventajas o inconvenientes del sistema, paliando los errores.

Se esperaba, según las palabras del propio alcalde mayor que con esta providencia quedará el pueblo bien surtido, asegurando el abasto de pan y evitadas todas las contingencias y faltas a que ha estado expuesta la república. El sistema ideado dio sus frutos y se logró que el pan de la Villa fuera dos y tres cuartos más barato que en los pueblos inmediatos".

Con todo, la lucha contra el ascenso de los precios del pan fue una batalla perdida en la Isla de León. La tendencia, como se ve en el trend mostrado en el gráfico, se mantuvo claramente en una posición alcista durante los últimos treinta y cuatro años del siglo XVIII, respondiendo a los factores especulativos internos descritos anteriormente, pero también al fenómeno general español del secular estancamiento de la producción agraria y al aumento poblacional, es decir, al incremento de la demanda. Quizá ese fenómeno no debería haber incidido tanto en la Real Villa, pues gran parte del trigo consumido en el Reino de Sevilla era de procedencia extranjera y Cádiz -importante puerto receptor- quedaba muy cerca de la Isla, pero la carencia de pósito en el término municipal hubo de ser determinante en el desarrollo del problema de la escasez de grano y, consecuentemente, de la carestía isleña.

Un ejemplo del alto coste del pan queda reflejado en el citado gráfico, en donde se muestra la marcha y oscilaciones de la clase más cara, el denominado «de atahona», fabricado en exclusividad con trigo de calidad. Era el llamado «de Jerez», del «obispado» o, simplemente, «de la tierra». El otro tipo consumido en la Isla, el «de molino», tan sólo era uno o dos cuartos más barato, a pesar de mezclar trigo de baja calidad con el anteriormente dicho en proporciones variables según las necesidades. Ante las crisis, llegaría un momento en el que se daría entrada oficialmente a una tercera variedad de pan fabricado por entero con trigo piche, foráneo y mucho más barato, para no dejar desamparados los sectores menos pudientes de la sociedad isleña.

Los elevados y ascendentes precios se vieron afectados, lógicamente, por los periodos generales de crisis que en la Isla de León, como para casi toda España, correspondieron a los años 1773,1780,1794 y 1797 y 1800- En estos casos, el ayuntamiento solía tomar medidas especiales para evitar el fantasma del hambre. Así, cuando se advirtieron los primeros indicios de la de 1773, los cabildos pasaron a hacerse en días altemos para un mejor control de la situación y como las perspectivas no se presentaban demasiado halagüeñas, se ordenó a los panaderos la fabricación de pan más bajo que el ordinario, a precio del pobre. De paso, se prohibía la salida de grano de la Villa. Pero en vista de que las reservas de trigo disminuían sin cesar, se pidió ayuda al Intendente de Marina y al Gobernador de Cádiz, aunque la contestación de éste último sólo sirvió para confirmar la gravedad de la crisis que, en realidad, afectaba a toda Andalucía, pues sin trigo se encontraban Sevilla, Jerez, Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana, Comí y otros pueblos. Con todo, se ofrecieron cien barricas de harina para paliar la escasez. La crisis, debida al atraso de las mieses, las lluvias y el tiempo invernal, cesó en cuanto llegó el verano, como era de esperar. Mientras, el Consejo de Castilla había ayudado a la 'Villa eximiéndole de los derechos reales sobre granos y harinas traídos de fuera de estos puertos del reino hasta fin de agosto de 1774.

Si algunas escaseces fueron provocadas por las malas cosechas, otras se debieron a esos periodos en los que nuestro país se hallaba inmerso en guerras, como ocurrió en el ochenta, a cuenta del Sitio de Gibraltar, en el noventa y cuatro debido al conflicto con Francia y en el noventa y siete por la beligerancia con Inglaterra y el cerco que ésta impuso a la Ínsula Gaditana. Por si faltaba algo, en el año que comenzaba el nuevo siglo, la epidemia de fiebre amarilla vino a aportar su grano de arena a la más que complicada situación alimentaria de la Isla, pues el trigo llegaría a los ciento cinco reales por fanega y la hogaza de pan «de atahona» superaría los treinta y cuatro cuartos. También se sobrepasaría la frontera de ese precio cuando el intento de Gibraltar y en el noventa y cuatro, aunque el máximo precio alcanzado por el pan en todo el XVIII, se dio en 1797 al llegar a treinta y seis cuartos en el mes de abril, en correspondencia con otros lugares del país, también afectados por la escasez y el encarecimicnto-

4.2.- LAS CARENCIAS PROVOCADAS POR EL SITIO DE GIBRALTAR

Con un sistema de abastecimiento de trigo tan precario y tan dependiente de las cuestiones externas, es fácil adivinar los apuros vividos por los isleños en esos años de crisis reales en los que coincidían la cortas cosechas con las actividades bélicas de nuestro país. La Real Isla de León, villa militar por excelencia, sufrió las consecuencias de ambos avalares: los debidos a la climatología y los provocados por las guerras. Mientras que los dos conflictos de fin de siglo coinciden con una España ya en decadencia, el del Sitio de

Gibraltar correspondió a una nación fuerte, ilusionada y segura de conseguir los objetivos propuestos. La Isla, aún estando muy lejos del escenario de las luchas por recuperar la Roca, padeció graves problemas de abastecimiento a causa de esta guerra debido precisamente a su función militar. Pero quizás fue un mal menor a pagar en aras de la unidad de España al presentarse la oportunidad de recuperar lo perdido con el Tratado de Utrecht. Con la rebelión de las Trece Colonias en los años setenta del siglo XVIII, la ocasión para que España y Francia batieran al enemigo común aparecía más clara que nunca, pues debido a la insurrección. Gran Bretaña tenía ubicada en América la mayor parte de su flota y de sus efectivos militares. Franceses y españoles pensaron en desarrollar un plan conjunto en donde la idea principal consistía en el bloqueo de Inglaterra por mar, intentar una invasión de las Islas y -aprovechando la teórica incapacidad británica para socorrer Cibraltar- sitiar el Peñón por mar y tierra con el objeto de conseguir su rendición por hambre61-Aunque la idea era factible y en el empeño se gastaron varios años, los resultados fueron prácticamente nulos desde el principio. A la falta de entendimiento entre los generales franceses y españoles, ya antes de iniciarse el Cerco, se unió la falta de eficiencia de nuestra flota, incapaz de evitar que en los momentos críticos la marina inglesa, mostrando gran arrojo y decisión, pudiera abastecer a la Roca.

Esta guerra produjo desde su inicio unos importantes efectos secundarios en casi toda la Baja Andalucía. A los elevados gastos que hubieron de sufragar los ayuntamientos para hacer transitables los caminos conducentes al campo de batalla y asi facilitar el paso de tropas, animales y pertrechos, se unió un factor mucho más importante como fue el del miedo y la prevención de los pueblos ante las consecuencias de la situación bélica, pues en el ánimo de todos aún permanecía el recuerdo de las incursiones inglesas a la Ínsula Gaditana. Esto hizo que, ante el incierto futuro, se suspendiera el mercado de grano en el momento del inicio del Cerco, manteniéndose la situación -con más o menos altibajos- hasta dos años después. El efecto inmediato fue la escasez de trigo, la gran subida de su precio y como resultado, el del pan. Aquellos municipios que no disponían de cultivos cerealísticos fueron los más afectados por la escasez y hubieron de arbitrar medidas para paliar los problemas originados, especialmente en lo relativo a los precios del pan que llegaron a desbordar con creces el poder adquisitivo del pueblo. Entre estos ayuntamientos se encontró el de la Isla de León que vivió momentos muy delicados debido a esta crisis de grano.

Para hacer más difícil aún el asunto, las circunstancias concurrentes en la Villa durante la segunda mitad del siglo XVIII agravaron la incidencia del problema. En las proximidades del comienzo de la guerra, dos hechos complicarían enormemente el surtimiento de grano a la Isla de León. El primero de ellos se debió al Real Cuerpo de Marina quien desde su llegada a la Isla en 1769 había obtenido el pan preciso para cubrir sus grandes necesidades de la cercana Puerto Real. Pero el abastecimiento procedente de esta localidad resultó ser bastante irregular a causa de las condiciones meteorológicas de la zona,, ya que los vendavales de invierno y el fuerte viento de levante en verano eran capaces por si solos de impedir el transporte marítimo por la Bahía durante días, quedando las dependencias militares sin abastecimiento. Como solución, la Marina decidió obtener el pan de los hornos isleños, aunque debía conseguir previamente el consentimiento municipal. En un primer mo-mento, los regidores rechazaron la pretensión de los militares alegando las dificultades de la Villa en conseguir el grano preciso para su propio consumo. Dificultades que aumentarían extraordinariamente de aprobarse la fabricación de las mil hogazas diarias requeridas por los marinos del trigo adquirido para la Isla. Además, no se tenía ninguna obligación de surtir a los militares como ocurría en el caso de Puerto Real. Pero, si el municipio pudo encontrar fundamentos para negarse al uso de su grano, no pudo oponerse a la existencia de un obligado que, teóricamente, comprase el trigo en otros mercados y así poder aprovisionar al Real Cuerpo, aunque se tenía la seguridad de que en un futuro más o menos próximo el asunto crearía problemas a la Villa. Por tanto, se aprobó la solicitud de la Armada permitiendo la residencia en el pueblo de su proveedor, sus géneros y el establecimiento de los hornos pertinentes para la fabricación de pan. La única premisa exigida por la Marina era la exclusiva dedicación del obligado hacia ella, por eso advertía que por las justicias no se le pueda obligar a abastecer al pueblo respecto de la atención del Arse-nalós. La advertencia encontró una réplica apropiada por parte del ayuntamiento,, pues lo temido era lo contrario, es decir, usar trigo de la Villa para abastecer a los militares porque agudizaría la tradicional escasez isleña, a la par de afectar a los precios. Por ello, el alcalde mayor dispuso:

Que de! trigo que se conduzca por mar o por tierra ha de tener preferencia el común de esta Villa, por lo que el Arsenal ha de traerlo de fuera y juntarlo en almacenes propios y no puede comprar en los almacenes de la Villa, aunque sean de particulares.

La Marina pareció acatar las condiciones municipales y las cosas iban bien en apariencia. Pero en mayo de 1779, los temores a las posibles repercusiones en la Isla del sistema elegido por la Marina para la fabricación de su pan, se confirmaron. El obligado adquiría grandes cantidades de trigo en las inmediaciones de la lsla, por lo cual el grano escaseaba y subía de precio, provocando las lógicas denuncias de los diputados de abastos, el regidor de mes y el síndico personero. Con todo, la situación no sólo no fue atajada, sino que presentó un nuevo aspecto cuando la Marina, no conformándose con lo conseguido, presionó aún más a los regidores en busca de mayores concesiones. Así, con el deseo de ayudar al Real Cuerpo -tal y como expresaba el resignado concejo- se admitió el uso de los molinos de la Villa para la elaboración del bizcocho destinado al surtimiento de la Escuadra, a pesar de ser perjudicial para el surtido del público y hacen notable falta.

Al comienzo de las hostilidades con los británicos se llegaría en unas condiciones bastante preocupantes, pues a las complicaciones presentadas al ayuntamiento por el cambio del sistema abastecedor de la Marina, se unió la escasez propia del año setenta y ocho, por lo cual, la crisis de grano debida al Sitio de Gibraltar tiene sus orígenes en este año en lo que a las causas naturales se refiere, añadiéndose posteriormente las provocadas por la guerra misma. El verano de ese año anterior al comienzo de la guerra entre España e Inglaterra, ofreció unos precios moderados del trigo y del pan, incluso se podrían considerar hasta bajos comparados con otros periodos, pero a partir del mes de septiembre se iniciaría un inquietante alza especulativa promovida por los «trajinantes», aprovechando la falta de barcos con grano en la Bahía. Los precios, contenidos hasta entonces, se dispararon en cuestión de días hasta superar peligrosamente la barrera de los veinte cuartos por hogaza, llevando al ayuntamiento a temer una conmoción popular cuando llegase el invierno y las comunicaciones terrestres se hicieran difíciles por las lluvias. Todo hacía pensar en un año setenta y nueve difícil, como así fue, aunque nadie podía prever las circunstancias adicionales generadas por la situación bélica.

A mediados de Julio de 1779 comenzó el que se llamaría el Gran Sitio de Gibraltar. Como consecuencia inmediata de las acciones militares el mercado de grano quedó suspendido, -o disminuido considerablemente- en los dos puntos tradicionales de venta: la Bahía de Cádiz y los pueblos del interior gaditano. Como medida prudencial, los barcos de las potencias extrañas decidieron no acercarse a los puertos cercanos al área del conflicto, dejando de esta manera sin grano a las localidades costeras, lo cual afectó tanto a la Isla de León como a Cádiz y El Puerto de Santa María. De esta forma, una de las fuentes de aprovisionamiento quedaba eliminada. Algo parecido ocurrió con la otra, pues los municipios de los pueblos interiores prohibieron la extracción de trigo de ellos, en espera de alguna consecuencia imprevista en el desarrollo de las guerra. Los obstáculos hacían la situación propicia para la especulación de los «arrieros» intermediarios, pero el tránsito de las tropas hacia la zona gibraltareña les hizo abstenerse de andar por los caminos ya que los soldados acostumbraban a avituallarse embargando todo el trigo encontrado a su paso y los comerciantes de grano no estaban dispuestos a perder su preciada mercancía.

En los primeros días del mes de julio, la única preocupación que gravitaba sobre el ayuntamiento isleño era atender los grandes gastos ocasionados por las reparaciones de las carreteras de su término municipal, cuyas obras se llevaban a cabo obedeciendo una orden recibida de la superioridad. El problema era de poca monta comparado con la súbita desaparición del grano de los mercados pocos días más tarde.

 

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